La justicia europea avala el apoyo a la cogeneración y abre un nuevo escenario para el sector en España
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que el mecanismo de financiación previsto en la Ley alemana de cogeneración, conocida como KWKG, no constituye una ayuda de Estado, resolviendo así una disputa mantenida durante años entre la Comisión Europea y el Gobierno federal alemán.
La sentencia, confirmada el pasado mes de julio, respalda la capacidad de los Estados miembros para diseñar instrumentos de apoyo a la cogeneración sin que estos tengan que quedar necesariamente sometidos al régimen comunitario de control de ayudas públicas.
La Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) considera que la resolución trasciende el caso alemán y puede tener implicaciones para España, donde acaba de aprobarse un nuevo marco de subastas para 1.200 MW de cogeneración y continúa el debate sobre la ampliación de la vida útil regulatoria de las instalaciones existentes.
El fallo del TJUE refuerza la seguridad jurídica de los mecanismos de apoyo
La decisión del tribunal europeo supone un respaldo al modelo alemán y aclara el encaje jurídico de determinados mecanismos de retribución destinados a la cogeneración.
Según ACOGEN, la sentencia confirma que este tipo de esquemas pueden responder a los beneficios que aporta la tecnología en términos de eficiencia energética, competitividad industrial y seguridad de suministro, sin que ello implique necesariamente una distorsión de la competencia.
"El tribunal confirma que apoyar la cogeneración no es distorsionar la competencia", ha señalado Javier Rodríguez, director general de ACOGEN.
La asociación interpreta el fallo como una referencia relevante para el desarrollo de políticas nacionales orientadas a mantener y modernizar la capacidad cogeneradora.
España afronta la transición entre las plantas actuales y las nuevas subastas
En España, el debate se centra ahora en cómo mantener operativas las instalaciones existentes hasta que entren en funcionamiento las nuevas inversiones asociadas a las subastas.
ACOGEN reclama al Congreso de los Diputados la aprobación de una medida transitoria que permita extender hasta 2031 la operación de las plantas cuya vida útil regulatoria vaya finalizando. La propuesta se tramita como enmienda dentro de la Ley de Comercio de Emisiones.
El objetivo, según la asociación, es evitar cierres antes de que las nuevas instalaciones previstas en el marco de subastas puedan estar disponibles.
El nuevo marco español contempla 1.200 MW de cogeneración y ACOGEN reclama que las plantas actuales puedan seguir operando hasta 2031 para evitar cierres durante la transición
La pérdida de capacidad vuelve a situar el foco en la seguridad del sistema
La patronal advierte de que España ha perdido aproximadamente la mitad de su capacidad de generación eléctrica mediante cogeneración, coincidiendo con un periodo de mayores exigencias para la industria y el sistema eléctrico.
ACOGEN vincula esta pérdida de capacidad con una menor flexibilidad del sistema y con una mayor exposición de sectores industriales intensivos en energía, entre ellos la cerámica, alimentación, química, papel, refino y automoción.
Javier Rodríguez sostiene que el retroceso de la cogeneración ha reducido recursos disponibles para responder a situaciones de tensión del sistema eléctrico y ha afectado a la competitividad energética de numerosas plantas industriales.
Más de 300 instalaciones industriales dejaron de operar durante los últimos cinco años tras agotar su vida útil regulatoria mientras el sector esperaba el nuevo marco de subastas
Las subastas prevén movilizar más de 2.000 millones de inversión
El sector afronta ahora un nuevo ciclo de inversión. La primera convocatoria de las subastas españolas está prevista para el 10 de diciembre de 2026, tras la aprobación del marco regulatorio el pasado 4 de julio.
ACOGEN estima que unas 200 industrias podrían participar en el proceso y movilizar más de 2.000 millones de euros para renovar y transformar sus instalaciones de cogeneración.
El sector calcula que cerca de 200 industrias podrían movilizar más de 2.000 millones de euros en el nuevo ciclo de inversión asociado a las subastas
El nuevo esquema afecta a un sector que actualmente está presente en alrededor de 400 industrias de ámbitos como la alimentación, el papel, la química, la cerámica o el refino.

