La revisión de sustancias prioritarias en la UE obliga a replantear la financiación del tratamiento de aguas residuales
La actualización de los estándares de calidad ambiental en el marco de la DMA incrementa la presión sobre las EDAR y reabre el debate sobre el papel de la responsabilidad ampliada del productor en la financiación del tratamiento cuaternario
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El Parlamento Europeo ha respaldado la actualización de los estándares de calidad ambiental (EQS) para aguas superficiales en el marco de la Directiva Marco del Agua (DMA), una decisión que refuerza las exigencias sobre la eliminación de contaminantes emergentes y evidencia la necesidad de mecanismos de financiación como la responsabilidad ampliada del productor (EPR) para el tratamiento avanzado de aguas residuales.
La votación, celebrada el 26 de marzo, introduce límites más estrictos para sustancias farmacéuticas en aguas superficiales, lo que, en la práctica, incrementa la presión sobre las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para implantar tratamiento cuaternario en numerosas zonas. Según el sector, estos nuevos umbrales difícilmente podrán alcanzarse sin tecnologías avanzadas de eliminación de micropoluentes.
Este avance normativo se produce en paralelo al debate en el Parlamento sobre la posibilidad de pausar la aplicación del sistema de EPR previsto en la revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas (rUWWTD), diseñado precisamente para financiar las inversiones necesarias en tratamiento cuaternario.
Desde EurEau, la asociación europea de servicios de agua, se respalda el endurecimiento de los estándares, aunque se insiste en la necesidad de coherencia regulatoria. Su secretario general, Oliver Loebel, subraya que cumplir estos objetivos debe ir acompañado del principio de quien contamina paga, advirtiendo de que, sin EPR, los costes recaerán sobre usuarios domésticos, agricultores y pequeñas empresas.
Sin EPR, la financiación del tratamiento recaerá en usuarios y contribuyentes
La eventual paralización del mecanismo EPR no elimina las obligaciones de los Estados miembros de cumplir con la Directiva Marco del Agua. En consecuencia, las administraciones nacionales y locales seguirían obligadas a adaptar sus infraestructuras de depuración a los nuevos estándares.
En ausencia de este instrumento financiero, las inversiones necesarias para incorporar tecnologías de eliminación de micropoluentes tendrían que ser asumidas mediante impuestos o tarifas del agua, trasladando el coste a los usuarios en lugar de a los sectores responsables de la generación de estos contaminantes.
En este contexto, el sector del agua insta a los responsables políticos europeos a mantener el esquema de responsabilidad ampliada del productor como elemento clave para garantizar la coherencia normativa y la aplicación efectiva del principio de quien contamina paga en la política hídrica comunitaria.
