Las redes de calor emergen como alternativa ante el encarecimiento del CO₂ en usos térmicos

La Unión Europea avanza en su estrategia de descarbonización con la implantación de un nuevo impuesto al CO₂ que afectará directamente al coste de la energía térmica en edificios y sectores industriales. Aunque su entrada en vigor estaba prevista inicialmente para 2027, la Comisión Europea decidió en noviembre de 2025 posponer su aplicación al 1 de enero de 2028, concediendo un margen adicional de adaptación a Estados miembros, empresas y consumidores.

La medida se enmarca en la ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones a los edificios y el transporte por carretera, lo que introduce un nuevo escenario económico para los usos térmicos basados en combustibles fósiles.

Un nuevo coste al carbono para usos térmicos

El nuevo sistema establece un precio al carbono asociado al consumo de combustibles como el gas natural y el gasóleo, trasladando la obligación de adquirir derechos de emisión a los proveedores de combustible. Aunque el gravamen no se aplica directamente al usuario final, su impacto se reflejará en la factura energética de hogares, edificios terciarios e instalaciones industriales.

Las estimaciones iniciales sitúan el precio del CO₂ en torno a los 45 euros por tonelada, lo que podría traducirse en un sobrecoste de entre 10 y 15 euros por megavatio hora. En términos relativos, este incremento podría suponer una subida de entre el 20 % y el 30 % del coste total de la energía térmica en instalaciones dependientes de calderas fósiles, introduciendo un nuevo factor de incertidumbre económica.

Las estimaciones iniciales sitúan el precio del CO₂ en torno a los 45 euros por tonelada, lo que podría traducirse en un sobrecoste de entre 10 y 15 euros por megavatio hora.

Redes de calor sostenibles como alternativa estructural

En este contexto, las redes de calor sostenibles ganan relevancia como una solución estructural para reducir la exposición al encarecimiento del carbono. Estas infraestructuras permiten suministrar calor a múltiples edificios mediante fuentes renovables, como la biomasa, conforme a los criterios establecidos en las directivas europeas de energías renovables.

Al basarse en fuentes consideradas renovables según el marco comunitario, estas redes reducen de forma significativa las emisiones asociadas al suministro térmico y limitan la exposición a impuestos, recargos o fluctuaciones del mercado de derechos de emisión vinculados a los combustibles fósiles.

Aplicación en entornos urbanos e industriales

Modelos de redes de calor ya implantados en distintas ciudades españolas, como los desarrollados por Rebi, muestran cómo el uso de biomasa de origen local, gestionada bajo criterios de sostenibilidad, puede integrarse en estrategias de transición energética aplicadas al calor. Este tipo de soluciones permite desvincular el coste del suministro térmico del precio del carbono, ofreciendo mayor previsibilidad económica a administraciones públicas, empresas y comunidades de propietarios.

Además del componente ambiental, la conexión a redes de calor centralizadas permite reducir inversiones individuales en calderas, disminuir costes de mantenimiento y mejorar la seguridad del suministro, al tiempo que se fomenta el aprovechamiento de recursos locales.

Planificación energética ante el nuevo marco climático

Con la entrada en vigor del nuevo impuesto al CO₂ en el horizonte, la planificación energética de edificios y ciudades adquiere un carácter estratégico. La elección de soluciones térmicas renovables permite anticipar el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos y mitigar los riesgos asociados a la volatilidad regulatoria y económica de los combustibles fósiles.

En este escenario, las redes de calor renovables se consolidan como una de las opciones con mayor potencial para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, descarbonizado y estable a largo plazo, especialmente en entornos urbanos y con alta demanda térmica.