Nuevos regadíos para mejorar la competitividad agrícola en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha presenta su Plan Director de Nuevos Regadíos 2022–2030 con 25.000 hectáreas y foco en eficiencia y despoblación
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves el Plan Director Regional de Nuevos Regadíos 2022–2030, Regadío CLM 3.0, una estrategia que busca modernizar e incrementar de forma ordenada la superficie de regadío como palanca clave para el futuro del sector agroalimentario, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural sostenible.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dado a conocer el Plan en un momento “clave”, coincidiendo con el inicio de los trabajos para la nueva planificación hidrológica. En este contexto, el documento servirá de base para defender el mantenimiento de las reservas de agua y concesiones mínimas suficientes en las distintas demarcaciones, recordando que Castilla-La Mancha riega un 5,5 % menos que la media nacional, pero presenta una eficiencia diez puntos superior.
El Plan se articula en torno a tres objetivos estratégicos: sostenibilidad, lucha contra la despoblación y tecnología y eficiencia. Contempla 18 proyectos de nuevos regadíos, con cerca de 25.000 hectáreas, distribuidos en las cinco provincias y con horizonte hasta 2030. Algunos de ellos ya se encuentran en ejecución, lo que, según el Ejecutivo autonómico, demuestra su carácter “práctico y pegado al territorio”.
Regadío CLM 3.0 apuesta por un modelo eficiente y sostenible, incorporando riego por goteo, bajas dotaciones, digitalización, riego deficitario controlado y uso de aguas regeneradas, siempre condicionado a la disponibilidad de recursos hídricos y al encaje en la planificación hidrológica, con el objetivo de reducir la presión sobre los acuíferos.
Desde el punto de vista social, el Plan prioriza los regadíos sociales en zonas rurales vulnerables, limitando la concentración de tierras y fomentando el relevo generacional. Establece un mínimo de diez comuneros por comunidad de regantes, un máximo de 50 hectáreas por comunero y exige que al menos el 40 % de las juntas rectoras estén formadas por mujeres.
El Plan se alinea con la PAC 2023–2027, el FEADER y otros instrumentos europeos vinculados a la resiliencia hídrica y la transición ecológica, y cuenta con financiación de la Junta y, en algunos casos, del Estado. Según Martínez Lizán, se trata de una “apuesta estratégica para producir más y mejor con menos agua, generar empleo y fijar población en el medio rural”.
