Políticas autonómicas y economía circular: claves para impulsar la competitividad industrial en España

El primer panel de Future4 Circularity 2026, celebrado el pasado 25 de marzo en el Auditorio El Beatriz de Madrid, reunió a responsables autonómicos de referencia para analizar cómo la economía circular está dejando de ser un ámbito estrictamente ambiental para consolidarse como un eje estratégico de competitividad, resiliencia industrial y generación de riqueza en los territorios.

Moderado por Patricia Ruiz Guevara, el debate contó con la participación de José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular de Ihobe (Gobierno Vasco); Albert Planell, director de la Agencia de Residuos de Cataluña; Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana; Ángel Pablo Montañés, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias; y Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

A lo largo de la sesión, patrocinada por Valtalia, los representantes de estos cinco territorios coincidieron en un diagnóstico compartido: el marco estratégico y normativo ya está definido, pero el verdadero reto reside ahora en su implementación efectiva. Todo ello en un contexto marcado por la presión regulatoria, la incertidumbre global y la necesidad urgente de reforzar la competitividad industrial europea.

De la estrategia a la integración: circularidad como política industrial

El panel arrancó constatando un cambio de fondo en los territorios: la economía circular ha dejado de ser un objetivo ambiental para consolidarse como una palanca estratégica de competitividad, resiliencia y desarrollo industrial. Así lo defendió José María Fernández Alcalá, quien la definió como un “concepto estratégico de país muy vinculado al despliegue de las nuevas actividades industriales”, integrado ya en el modelo vasco desde el ámbito de la transición energética. No obstante, advirtió del principal reto europeo —el “elefante en la habitación que es la competitividad”— en un contexto de caída del PIB industrial, subrayando la necesidad de romper la barrera de los costes para lograr que “esa industria más circular sea más competitiva”.

Desde una visión más operativa, Albert Planell puso el foco en la colaboración entre administración y empresas como eje de la transición, destacando que en Cataluña la economía circular ya forma parte del pacto industrial y que “ya nadie se está planteando la producción sin tener en cuenta de dónde vienen los recursos”.

En la misma línea, Jorge Blanco apuntó a la dificultad de encontrar el “punto de equilibrio entre la competitividad y el cumplimiento de la legislación”, defendiendo la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y reorientar los incentivos económicos. “Si siempre hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo”, advirtió, apostando por un modelo en el que las empresas “ganen mucho más dinero con una buena recogida” que con el vertido.

El debate incorporó también una visión más crítica y contextual. Ángel Pablo Montañés reclamó avanzar hacia una “política útil” que permita desbloquear proyectos, denunciando que el 90% no se materializan por un “tsunami normativo” y falta de gobernanza, y defendiendo que la economía circular debe abordarse de forma transversal en la administración.

Por su parte, Ana Bretaña situó el foco en el nuevo escenario global, marcado por la inestabilidad y la ruptura de las cadenas de suministro, donde “el plan A del mercado global ya no existe”. En este contexto, destacó el papel de la economía circular como revulsivo para reconstruir cadenas de valor y reforzar la proximidad, impulsando a las empresas a “volver a mirar lo que produce mi vecino” como base de su competitividad.

Competitividad, regulación y autonomía estratégica: cuellos de botella del sistema

En el turno de réplicas, el debate puso el foco en las tensiones reales que condicionan la competitividad del modelo. José María Fernández Alcalá advirtió que, en sectores como la automoción o el acero, el contexto internacional está “inundando” Europa con productos de bajo coste, lo que obliga a replantear las reglas del juego. En este escenario, planteó una cuestión de fondo: “cuál es el peso que le queremos dar realmente a los principios de circularidad” frente a un mercado global que sigue priorizando el precio.

En paralelo, Albert Planell introdujo una llamada a la acción inmediata, recordando que “de aquí a 10 años en nuestro sector, 10 años es hoy”, y defendiendo la necesidad de materializar infraestructuras clave, incluso cuando impliquen conflictos territoriales, porque “no podemos dar la espalda a ciertas instalaciones”.

El debate incorporó también una dimensión técnica crítica en torno a la energía y las infraestructuras. Jorge Blanco matizó que el problema no es la generación, sino que “el problema es el transporte y la distribución”, señalando la dificultad de llevar la energía donde se necesita como un cuello de botella para nuevos proyectos industriales.

Ana Bretaña amplió esta visión defendiendo que el reto no es solo “llevarla al sitio”, sino también “consumirla en el sitio”, apostando por modelos de generación local que refuercen la resiliencia. En esta línea, subrayó la importancia de proteger la “producción local y el entorno europeo” y de construir competitividad desde los recursos de proximidad.

"El objetivo es mirar nuestra producción local y nuestras fortalezas, trabajando a una doble escala, local y europea, sin que lo que ocurra fuera penalice nuestros mercados”, Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

El bloque se cerró con un intenso debate sobre el papel de la regulación. Ángel Pablo Montañés denunció con dureza la falta de foco de las administraciones, reclamando una política más útil y orientada a resultados: “Espero y deseo que nos permita poner los pies en la tierra y empezar a poner el acento donde tenemos que ponerlo y dejarnos de tonterías”.

Frente a esta visión, Bretaña defendió el carácter transversal de la economía circular —“todo importa”— y rechazó la necesidad de nuevos objetivos: “no necesitamos más objetivos, los objetivos ya los conocemos”, apostando por la ejecución. En paralelo, Planell reivindicó la normativa como garantía de estabilidad —“el mundo privado lo que necesita es marcos claros”—, mientras que Montañés volvió a alertar del exceso de burocracia, señalando que una planta puede pasar por hasta 19 departamentos y reclamando avanzar hacia una regulación verdaderamente “útil”.

Palancas para la competitividad: fiscalidad, simplificación y demanda

El debate sobre las palancas necesarias para convertir la economía circular en una verdadera ventaja competitiva puso de manifiesto la necesidad de actuar de forma estructural sobre el modelo. José María Fernández Alcalá defendió que es imprescindible superar las políticas de “fin de tubo” e integrar la circularidad en el núcleo del sistema productivo. En este sentido, explicó que el plan industrial vasco se apoya en tres ejes: la “simplificación administrativa” para proyectos estratégicos, una fiscalidad incentivadora —con deducciones de hasta el 35% para tecnologías limpias— y la activación real de la demanda. Sobre este último punto, reclamó un papel más decidido de la administración, defendiendo que la compra pública deje de ser voluntaria y pase a ser obligatoria bajo una lógica Made in Europe: “Es la única forma en la que podemos asegurar que realmente esos pioneros (…) cuando lleguen al mercado sean competitivos”.

"Tenemos que dejar de utilizar conceptos como la compra pública como un elemento voluntarista y empezar a incorporar elementos obligatorios; es la única forma de que los pioneros sean competitivos y puedan ganar dinero siendo circulares", José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular de Ihobe (Gobierno Vasco)

La agilidad administrativa emergió como una de las condiciones indispensables para materializar esa transformación. Albert Planell advirtió que “no puede ser que un proyecto industrial esté 5 años para una tramitación”, explicando que Cataluña está avanzando en la simplificación de procesos y en la elaboración de guías prácticas para facilitar el desarrollo de proyectos. En paralelo, puso en valor el papel de la colaboración público-privada y de instrumentos como la simbiosis industrial, así como el impacto de la fiscalidad, destacando que el 100% del canon de residuos se reinvierte en el sector con decisiones consensuadas.

"No puede ser que un proyecto industrial esté cinco años en tramitación; estamos intentando que el proceso sea lo más fácil posible con guías claras y check lists para las industrias", Albert Planell, director de la Agencia de Residuos de Cataluña

En la misma línea, Jorge Blanco alertó de la desconexión entre la captación de inversiones y la capacidad administrativa, señalando que la lentitud en los permisos provoca que “lo que un proyecto es interesante hoy, dentro de 5 años igual está obsoleto” y reclamando mayor realismo en la priorización de iniciativas.

"Lo que un proyecto es interesante hoy, dentro de cinco años igual está obsoleto; si tardamos tanto en dar una autorización ambiental, la competitividad simplemente se pierde", Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana

En territorios con condicionantes específicos, como Canarias y Navarra, el foco se situó en adaptar las herramientas a la realidad local. Ángel Pablo Montañés defendió que la competitividad pasa por aprovechar al máximo instrumentos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), lamentando su infrautilización, y alertó de los elevados costes logísticos —trasladar residuos entre islas puede ser “22 veces más caro por milla náutica que llevarlo al territorio continental”—. Como respuesta, destacó iniciativas como la creación de una oficina técnica de asesoramiento o el uso de inteligencia artificial para agilizar trámites.

Por su parte, Ana Bretaña presentó Navarra Zirkular como un modelo integrador que articula la acción de más de 250 empresas y combina simplificación administrativa, incentivos económicos —bajo la lógica del “palo y la zanahoria”—, formación especializada y el impulso de la compra verde y circular, subrayando que la competitividad solo será posible si todos los ejes del sistema avanzan de forma coordinada.

Prioridades para consolidar el modelo

El cierre del panel dejó una hoja de ruta clara, marcada por la necesidad de aterrizar la economía circular en prioridades concretas y adaptadas a cada territorio. Ana Bretaña situó el “foco al territorio” como eje central en Navarra, apostando por reforzar la circularidad en los sectores locales que generan riqueza de proximidad. En paralelo, defendió que a nivel estatal ha llegado el momento de “revisarlo y ajustarlo”, con el objetivo de armonizar un marco normativo que hoy afecta de forma desigual a distintos sectores.

Desde Canarias, Ángel Pablo Montañés insistió en la urgencia de transformar el modelo económico del archipiélago, recordando que “la principal exportación de Canarias son los residuos” y señalando la necesidad de convertir ese flujo en una oportunidad industrial real. En esta línea, reiteró su llamada a simplificar el marco regulatorio y a “repensarlo” para eliminar barreras innecesarias.

"La principal exportación de Canarias son los residuos; tenemos un potencial muy grande para transformar nuestra economía si logramos que ese material no salga de las islas", Ángel Pablo Montañés, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias

Por su parte, Jorge Blanco puso el acento en la implantación de la valorización energética como prioridad inmediata para “cerrar el círculo”, al tiempo que planteó avanzar hacia una red de instalaciones estratégicas de ámbito nacional y revisar instrumentos como la Ley de Impacto Ambiental para agilizar proyectos.

El debate se completó con una visión de conjunto sobre las herramientas de transformación. Albert Planell defendió el cambio de paradigma para tratar los residuos como “recursos aprovechables”, apoyado en una fiscalidad que incentive este giro —como el incremento progresivo del canon de vertido en Cataluña hasta los 100 euros en 2031—. Finalmente, José María Fernández Alcalá subrayó la necesidad de que la administración actúe como un único “agente facilitador”, reforzando la coordinación entre Industria y Medio Ambiente y acompañando a las empresas para que puedan “ganar mucho dinero haciendo las cosas muy bien” en materia de circularidad.