Un proyecto europeo sitúa el factor humano en el centro de la seguridad de las infraestructuras críticas del agua

El grupo de investigación GIDAI (Seguridad Contra Incendios) de la Universidad de Cantabria (UC) participará en el desarrollo del proyecto europeo Human Factor Enhanced Resilience and Monitoring for Critical Infrastructure (HERMES-CI), una iniciativa que busca aumentar la seguridad y la capacidad de respuesta de las infraestructuras de agua y aguas residuales frente a emergencias, incidentes operativos y ciberataques. La universidad gestionará 234.375 euros de financiación dentro de un proyecto con un presupuesto global de 3,5 millones de euros.

La Universidad de Cantabria gestionará 234.375 euros de financiación europea dentro de un proyecto internacional dotado con 3,5 millones de euros.

A diferencia de otras iniciativas centradas exclusivamente en la tecnología, HERMES-CI pone el foco en el factor humano, analizando cómo los operadores, los servicios de emergencia, las administraciones y la ciudadanía intervienen en la gestión de situaciones críticas.

El proyecto está liderado por la empresa EXUS y, en el caso de la UC, cuenta con la participación de los investigadores Daniel Alvear, Arturo Cuesta y Gemma Ortiz.

Herramientas digitales para apoyar la toma de decisiones

Uno de los principales objetivos del proyecto es desarrollar un conjunto de herramientas digitales que faciliten la gestión de las instalaciones de agua, teniendo en cuenta que numerosos incidentes están relacionados con factores como el estrés, los errores humanos, las amenazas internas o los ataques informáticos.

Entre las soluciones previstas se encuentran una aplicación móvil para compartir información segura y conocer en tiempo real el estado de las instalaciones, sensores destinados a medir el nivel de estrés y carga de trabajo de los operadores, así como programas de apoyo a la toma de decisiones y de detección de amenazas, tanto de origen interno como relacionadas con la ciberseguridad.

Según los responsables del proyecto, el objetivo es que trabajadores, autoridades y ciudadanía puedan responder de forma más rápida y eficaz ante una crisis y acelerar la recuperación de las infraestructuras cuando se produce un incidente.

El proyecto desarrollará una aplicación móvil, sensores de estrés y herramientas de apoyo a la decisión para mejorar la gestión de incidentes en infraestructuras de agua.

La UC liderará cuatro líneas estratégicas

El equipo de la Universidad de Cantabria asumirá la coordinación de cuatro tareas clave dentro del proyecto.

La primera se centrará en analizar los mecanismos de comunicación entre operadores de infraestructuras críticas, Protección Civil, servicios de emergencia y ciudadanía, con el objetivo de definir un protocolo de actuación común que pueda aplicarse en toda la Unión Europea.

La segunda línea de trabajo estudiará el comportamiento de la población ante distintos escenarios de alerta relacionados con el fallo de infraestructuras críticas. Para ello se emplearán modelos basados en agentes, inteligencia artificial y ecuaciones estructurales, con el fin de comprender mejor la respuesta ciudadana y mejorar las estrategias de comunicación.

Las otras dos tareas estarán orientadas al análisis del impacto social de las herramientas desarrolladas y a la elaboración de una guía europea de buenas prácticas dirigida tanto a autoridades como a operadores de infraestructuras críticas. El proyecto contempla la realización de encuestas, talleres y simulaciones para identificar factores como la confianza, la utilidad percibida o el grado de intrusión de las nuevas tecnologías.

Un consorcio europeo con 16 socios

HERMES-CI reúne a 16 organizaciones de nueve países, en un consorcio liderado desde Grecia e integrado por universidades, empresas tecnológicas, operadores de infraestructuras críticas y entidades vinculadas a la seguridad y la protección civil.

Además de la Universidad de Cantabria, España está representada por la Fundación Instituto Tecnológico de Castilla y León. El proyecto, que comenzó en septiembre de 2026, tendrá una duración de 36 meses e incluirá dos proyectos piloto que se desarrollarán en Chipre y Rumanía.