Los nuevos requisitos de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas que deberán cumplir las depuradoras

La nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) introduce cambios importantes en la gestión de las aguas residuales en Europa. La revisión amplía el alcance de la normativa anterior y establece requisitos más exigentes para las estaciones depuradoras, con un calendario de adaptación progresivo hasta 2045.

Las nuevas obligaciones afectan tanto a la capacidad de tratamiento como a los contaminantes que deben eliminarse. Además, incorporan objetivos energéticos y nuevas responsabilidades económicas para determinados sectores industriales.

La depuración llega a las aglomeraciones más pequeñas

Uno de los principales cambios es la reducción del umbral de aplicación de la normativa. Las aglomeraciones de 1.000 habitantes equivalentes o más deberán cumplir las nuevas exigencias de recogida y tratamiento, frente al umbral general de 2.000 habitantes equivalentes establecido anteriormente.

Para las aglomeraciones de menor tamaño incluidas en esta ampliación, 2035 constituye una fecha clave para disponer de sistemas adecuados de recogida y tratamiento secundario, con las excepciones contempladas en la directiva. Esta modificación obligará a prestar mayor atención a las infraestructuras de saneamiento de pequeños municipios y núcleos de población.

Más exigencias para eliminar nutrientes y microcontaminantes

La directiva amplía las obligaciones de tratamiento terciario, destinado a reducir nutrientes como nitrógeno y fósforo, responsables de fenómenos como la eutrofización. Las depuradoras de al menos 150.000 habitantes equivalentes deberán cumplir estos requisitos en 2039, mientras que determinadas aglomeraciones de menor tamaño disponen de plazos posteriores según las condiciones de vertido.

Otra de las grandes novedades es el tratamiento cuaternario, orientado a eliminar un amplio conjunto de microcontaminantes, entre ellos determinadas sustancias procedentes de productos farmacéuticos y cosméticos. Su implantación será progresiva hasta 2045 en las grandes instalaciones y en otras aglomeraciones sujetas a requisitos específicos.

Para financiar estos tratamientos, la normativa introduce un sistema de responsabilidad ampliada del productor, por el que los productores de determinados productos farmacéuticos y cosméticos deberán asumir al menos el 80 % de los costes correspondientes, conforme a las condiciones establecidas.

La neutralidad energética entra en la planificación de las depuradoras

La nueva regulación también incorpora objetivos de neutralidad energética para el sector de la depuración. En 2045, la energía renovable generada por los titulares u operadores de las instalaciones de al menos 10.000 habitantes equivalentes deberá alcanzar, a escala nacional, el equivalente al consumo energético anual de esas plantas, con determinadas excepciones previstas.

El objetivo no implica que cada depuradora deba ser individualmente autosuficiente. La mejora de la eficiencia, el aprovechamiento energético del biogás y la generación renovable tendrán un papel relevante en esta transformación, junto con un mayor seguimiento del consumo energético y de las emisiones.

Un calendario de adaptación que exige planificación

Aunque los principales objetivos se distribuyen entre 2035 y 2045, la aplicación de la directiva requiere anticipar inversiones, adaptar instalaciones y planificar las necesidades futuras de tratamiento. La norma también refuerza el seguimiento de las aguas residuales y la vigilancia de determinados parámetros sanitarios.

Para el sector del agua, el desafío no será únicamente ampliar la capacidad de depuración, sino incorporar nuevos procesos y mejorar el rendimiento ambiental y energético de las instalaciones. La planificación de estas actuaciones determinará cómo se materializan las nuevas obligaciones europeas.