El Consell del Área Metropolitana de Barcelona reclama que ATLL vuelva a ser de gestión pública

El Pleno del Consell Metropolitano ha aprobado hoy la propuesta del gobierno del AMB, por la que se reclama a la Generalidad de Cataluña y a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad que presenten al Parlamento el plan para recuperar la gestión pública de la red Ter Llobregat, a la vista de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula la concesión.

Según el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, Eloi Badia, "propuestas como las de hoy suponen un paso decidido para recuperar la gestión pública de la empresa". La petición también incluye el calendario de actuaciones y medidas para hacerlo posible, dando así cumplimiento al mandato legal derivado de la ley 5/2007, según el cual se establece el regreso de ATLL a gestión pública en el momento en que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia.

Durante el Consejo Metropolitano también se ha reclamado la rectificación en la subida de tarifas de un 11,8% en la distribución de agua en alta suministrada por Aguas Ter-Llobregat (ATLL), para estar delante de un contrato nulo en que sólo tienen cabida los costes de explotación.

Este incremento, aprobado por el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) el pasado 28 de diciembre con el voto contrario de las entidades municipalistas, se aplicaría al agua que los ayuntamientos y las entidades suministrados reciben de la Red Ter-Llobregat, que da servicio a las comarcas de la Selva, Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental.

Afectaría a 116 municipios y unos 4,5 millones de personas, dependiendo del consumo y de cómo los diferentes ayuntamientos y las compañías suministradoras finales apliquen los cambios en el precio.

Badia ha manifestado que "desde la decisión que colocaba ATLL en manos privadas, en 2011, la subida acumulada ha sido del 85%, sin que se haya apreciado ninguna mejora sustancial en el servicio".

El AMB considera que es un grave perjuicio económico cargar los ayuntamientos con este sobrecoste en un momento en que los presupuestos municipales ya están aprobados, por lo que en la mayoría de los casos el incremento repercutirá directamente en la ciudadanía. Aparte, no hay ninguna razón que justifique la subida, que está muy por encima del IPC.

Congelación de las tarifas

En el transcurso del pleno también ha acordado congelar las tarifas de suministro de agua de los municipios de Tiana, Cervelló, Corbera y Sant Cugat del Vallès. Estos cuatro ayuntamientos ya habían tomado la decisión de repercutir el aumento del precio del agua de ATLL en el recibo, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía. Con esta decisión, los consumidores no verán alterado su recibo por este motivo.

Inversiones en el Ciclo Integral del Agua

Otro de los puntos que han quedado aprobados es el del plan de inversiones en la red de agua metropolitana para el 2018. El Consell Metropolitano ha aprobado un presupuesto de 29.280.909,00 €, quedando pendientes, del presupuesto total, aproximadamente 10 millones de euros, que debe aprobar la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Luz verde a la regeneración de agua

En la misma sesión plenaria se ha aprobado la encomienda a Aguas de Barcelona, ??Empresa Metropolitana del Ciclo Integral del Agua, por la gestión del tratamiento terciario de la EDAR del Baix Llobregat. Este acuerdo permitirá, en casos de emergencia, someter el agua ya depurada por la planta a un proceso posterior para conseguir un agua apta para ser vertida río arriba, con el fin de abastecer la red de consumo, dando así nuevos usos a una parte de los caudales de la depuradora del Baix Llobregat que actualmente se vierten al mar. También se prevé poder abastecer otros usos del agua a través de este tratamiento, incluyendo los industriales, de riego, agrícola y ambientales.

Después del convenio entre el AMB y la ACA, que garantiza la financiación para la explotación de este sistema terciario, el Consejo Metropolitano ha aprobado las actuaciones, el régimen de funcionamiento y los importes máximos para su explotación. El gasto máximo para el funcionamiento de este sistema será de de 4.400.506 euros (IVA excluido) aportados por la ACA, a pagar en función de la producción real de agua regenerada, los gastos justificados y las cantidades máximas establecidas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria.