Los ayuntamientos deben garantizar el acceso al agua a la población vulnerable

El agua es un recurso limitado y fundamental para la calidad de vida, tanto que tener acceso a ella ha sido declarado por la ONU como un derecho fundamental. El coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia del agua incluso desde un punto de vista sanitario; pero al mismo tiempo la crisis subyacente a la pandemia ha acrecentado la vulnerabilidad económica de muchas familias.

La Jornada El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables, organizada por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en colaboración con Cáritas, ha permitido constatar el compromiso y unidad de los distintos actores del sector sobre esta cuestión y conocer las medidas que se llevan a cabo para garantizar el acceso al agua de los sectores sociales más necesitados.

En ese contexto, la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) y Cáritas han firmado un convenio para definir indicadores concretos, homogéneos y fiables que permitan a las administraciones públicas definir qué familias deben contar con apoyos sociales para garantizar su acceso al agua.

“Nuestro objetivo como asociación es hacer una evaluación de los servicios públicos, como el del agua. Tanto si lo gestiona la administración pública directamente o de forma indirecta por medio de la colaboración público-privada, es un servicio público y en el contexto de un estado social debe ser atendido”, aseguraba el que fuera Ministro de Justicia y actual presidente de OSUR, Francisco Caamaño, al inaugurar la sesión.

Por su parte, Sonia Olea, responsable de Derechos Humanos de Cáritas, señalaba en su intervención la responsabilidad de los ayuntamientos, como titulares de la gestión del agua, a la hora de atender las necesidades de todos los ciudadanos.

“Agradecemos mucho que las empresas tomen su responsabilidad y sobre todo la administración pública que es la obligada a facilitar el acceso al agua donde no la hay según la ley reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Olea remarcaba que durante la pandemia de coronavirus no se ha cortado el agua a ninguna persona en España por no poder pagarla, pero hacía ver que existen asentamientos irregulares o zonas de infraviviendas donde ni siquiera hay infraestructuras que permitan atender la situación.

“Los operadores tenemos en nuestro ADN que el agua es un derecho humano”, afirmaba por su parte Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana (AGA). Desde hace años, los operadores del agua usan bonificaciones en la tarifa, fondos de solidaridad y otras medidas para permitir que las familias con pocos recursos tengan garantizado el acceso al agua, recordaba Marchena, pero en su opinión es fundamental que los servicios sociales de los ayuntamientos tengan datos claros para poder atender la situación particular de cada familia, algo que el acuerdo entre Cáritas y OSUR permitirá alcanzar.

“El agua es de todos, pero eso no quiere decir que se malgaste, porque también es un recurso finito. Debemos aplicar la solidaridad y aquellos que podemos pagar el agua y podemos sufragar las inversiones con nuestros impuestos debemos hacer lo posible para que aquellas personas que no tienen la fortuna puedan acceder a ella”, afirmaba Gustavo Vargas, responsable estatal de Agua y Energía de FICA-UGT. También recordaba que es a la administración local a quien le corresponde según la ley atender tanto el agua potable como al saneamiento.

Por su parte, Fernando Arlandis, subdirector de estudios y responsable de implantación del Plan Estratégico del Canal de Isabel II, señalaba el firme compromiso de las empresas gestoras para atender situaciones de necesidad, pero recordaba que se precisa mejor información: “Necesitamos que sean los expertos en temas sociales quienes nos den los indicadores y nos digan si lo estamos haciendo bien”.

De la misma opinión es Federico Ramos de Armas, director general de Suez Madrid: “Nos gusta hacer bien nuestro trabajo y no estaría bien hecho si no atendemos a los vulnerables. Hemos sido pioneros en protegerlos, usando tarifas sociales, fondos de ayuda y flexibilidad en el pago, pero se necesita mejor información para ello”.