Bruselas insta a España a resolver la transposición de la Directiva de agua potable

La Comisión Europea ha enviado cartas de emplazamiento a cinco Estados miembros —España, Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal— por no transponer adecuadamente la Directiva (UE) 2020/2184 sobre el agua potable, una normativa fundamental que refuerza la calidad del agua en Europa y contribuye a los objetivos de contaminación cero del Pacto Verde Europeo.

Esta directiva actualizada, que debía transponerse a nivel nacional antes del 12 de enero de 2023, introduce nuevos estándares para proteger la salud humana, controlar contaminantes emergentes como microplásticos y alteradores endocrinos, mejorar la gestión de riesgos en los sistemas de suministro y reducir el desperdicio de agua potable, actualmente del 30 % en la UE.

Deficiencias señaladas en cada país

En el caso de España, la Comisión señala tres deficiencias principales: una reducción indebida del ámbito de aplicación de la Directiva, la ausencia de disposiciones específicas sobre evaluaciones de riesgos en el sistema de suministro, y la falta de una revisión periódica que garantice el cumplimiento continuo.

En Bulgaria, las autoridades no han reflejado correctamente el alcance de las exenciones previstas, ni han incorporado adecuadamente los requisitos de gestión de riesgos y control de calidad del agua potable. Sobre Grecia, la Comisión ha omitido incluir a todos los proveedores de agua en la aplicación de la Directiva, limitando así su efectividad.

En el caso de Países Bajos, se identifican carencias en el control de calidad del agua potable y en la promoción del acceso universal, uno de los pilares del nuevo marco normativo.

Por último, Portugal ha transpuesto de forma incorrecta varias disposiciones, entre ellas las relativas a la evaluación de riesgos, la función de las autoridades competentes y los productos en contacto con el agua potable.

Próximos pasos del procedimiento de infracción

Los cinco Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las observaciones de la Comisión y corregir las deficiencias. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, Bruselas podría emitir dictámenes motivados como siguiente paso del procedimiento de infracción, que podría desembocar en sanciones económicas si no se subsana la situación.

Con esta medida, la Comisión busca garantizar que la normativa europea se aplique de forma uniforme, reforzando la resiliencia hídrica, la protección de la salud pública y la sostenibilidad del recurso en todos los países de la Unión.