El Consorcio Vega Baja será cesado de sus competencias "si mantiene la inacción en la gestión de residuos"

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha advertido al Consorcio de Gestión de Residuos Vega Baja que le retirará las competencias en la gestión “si mantiene la actual dejadez deliberada a no facilitar la recogida separada de los municipios y el tratamiento de residuos en planta de tratamiento final”.

La consellera ha censurado la "inacción" de la entidad presidida por la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, que podría "conducir al colapso" en la gestión de los residuos de los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja, "además tensionar el sistema en otras áreas de gestión de la provincia”, ha señalado la consellera.

Gestión de residuos en riesgo

“No estamos dispuestos a abandonar las más de 350.000 personas que viven en la comarca ni a poner en riesgo la gestión de los residuos en un momento crucial para la economía de la zona, así que inste a la presidencia del Consorcio a empezar a trabajar desde de la responsabilidad en la recogida, transporte y tratamiento en planta”, ha asegurado Mollà.

La consellera se ha referido a la "pasividad" del Consorcio Vega Baja y ha reclamado la apertura de la planta de transferencia de Dolores, una inversión de la Conselleria de Agricultura, de 2,6 millones de euros, "que aumentaría la capacidad y la flexibilidad del sistema en la Vega Baja”, ha indicado la consellera.

Ley 10/2000 de residuos de la Comunitat Valenciana

La Generalitat dispone de escritos y comunicaciones de diversos consorcios de residuos y áreas de gestión controlados por el PP, en los que se niegan a tratar el total de residuos domésticos que generará la Vega Baja estos meses de julio y agosto. Concretamente, Elche (Consorcio A5) y Alicante ciudad (Consorcio A4), que sumarían a su propia sobreestacionalidad turística, la generada en los 27 municipios que integran el Consorci A6.

La Conselleria, por tanto, ha decidido intervenir en el asunto, de acuerdo con las previsiones del artículo 6.5 de la Ley 10/2000 de residuos de la Comunitat Valenciana. En esta línea, ha emplazado a la Diputación de Alicante a actuar en favor del conjunto de áreas de gestión de la provincia, así como invertir “en las mejores técnicas disponibles y abandonar las subvenciones al transporte de la fracción restante, contrarias al actual legislación estatal”.