Doce personas y tres empresas investigadas por vertidos ilegales con amianto en Málaga
La operación “Cover” revela el uso de parcelas rústicas como vertederos ilegales para evitar el tratamiento autorizado de residuos
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La Guardia Civil ha investigado a doce personas físicas y tres jurídicas por su presunta implicación en el vertido ilegal de 167.000 toneladas de residuos de construcción en la provincia de Málaga. La actuación se enmarca en la operación “Cover” y ha sido trasladada a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Los investigados, vinculados al sector de la construcción y el movimiento de tierras, habrían utilizado parcelas rústicas en la comarca de la Axarquía como vertederos ilegales, eludiendo los controles establecidos para la correcta gestión de residuos.
La investigación apunta al vertido ilegal de 167.000 toneladas de residuos de obra en Málaga
Entre los materiales depositados se han identificado residuos de diversa naturaleza, incluyendo amianto, considerado un material peligroso por sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.
Uso de vertederos ilegales para evitar costes
Según la investigación, los implicados habrían evitado el tratamiento de los residuos en instalaciones autorizadas, reduciendo costes mediante su deposición en suelos no habilitados para este fin.
Esta práctica supone una vulneración de la normativa ambiental y de los sistemas de control diseñados para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción.
Los residuos se depositaban en parcelas rústicas para evitar su tratamiento en plantas autorizadas
Riesgos ambientales y sanitarios
La acumulación incontrolada de este tipo de residuos puede generar impactos significativos en el entorno. Entre los principales riesgos se encuentran la posibilidad de incendios, la contaminación de acuíferos por filtración de sustancias tóxicas y la liberación de fibras nocivas en el caso de materiales como el fibrocemento.
La mala gestión de residuos puede provocar incendios, contaminación de acuíferos y riesgos para la salud
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil ya han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente.
