El veto de Andalucía a la entrada de residuos peligrosos deja más de 100.000 toneladas sin gestionar

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) ha advertido de las consecuencias derivadas de la aplicación completa de las limitaciones a la entrada de residuos peligrosos en Andalucía. Desde el pasado 26 de abril, fecha en la que expiraron las últimas autorizaciones vigentes, la restricción es total, lo que deja más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos sin tratamiento, procedentes de otras comunidades autónomas que hasta ahora se gestionaban en instalaciones especializadas andaluzas.

Esta medida, recogida en la ley de economía circular de Andalucía, entra en conflicto con la normativa estatal, que establece el principio de proximidad geográfica a escala nacional como criterio para la gestión de residuos. Este enfoque, respaldado por la mayoría de las comunidades autónomas, busca que los residuos se traten en la instalación adecuada más cercana al punto de generación, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible.

Impacto en la actividad y viabilidad de las plantas

Según ASEGRE, la aplicación de este principio por parte de Andalucía se está realizando de forma distorsionada, generando situaciones incoherentes tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Como ejemplo, la asociación señala que un residuo generado en Almería puede trasladarse a Huelva, recorriendo cientos de kilómetros dentro de la propia comunidad, pero no desde Badajoz, pese a su mayor proximidad.

Desde la aprobación de la ley en 2023, las empresas gestoras de residuos en Andalucía han experimentado una caída significativa de su actividad, operando muy por debajo de su capacidad. Se trata de instalaciones altamente tecnificadas que han requerido importantes inversiones, por lo que esta reducción de actividad compromete su viabilidad económica y podría tener repercusiones en el empleo.

La restricción deja sin tratamiento más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas

Aumento de costes y pérdida de competitividad industrial

El impacto no se limita al sector gestor. La industria productora de residuos peligrosos en España se está viendo obligada a trasladar estos residuos a mayores distancias o incluso fuera del país, lo que incrementa los costes logísticos y operativos y reduce su competitividad.

Esta situación afecta especialmente a comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias, que ven limitada su capacidad de acceso a instalaciones de tratamiento adecuadas.

Dudas sobre el encaje legal de la medida

ASEGRE recuerda que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Secretaría para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía han analizado esta restricción y coinciden en cuestionar su compatibilidad con el marco normativo estatal.

Ambos organismos sostienen que la legislación nacional de residuos no permite prohibiciones generales al traslado entre comunidades autónomas, ya que el sistema se basa en un modelo de oposición caso por caso. Asimismo, subrayan que existen alternativas menos restrictivas para alcanzar los mismos objetivos ambientales y que el principio de proximidad debe aplicarse considerando la distancia real al punto de generación, y no en función de límites administrativos.

La normativa estatal no permite prohibiciones generales al traslado de residuos entre comunidades autónomas

Hacia una red integrada de gestión de residuos

Desde ASEGRE se defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado de gestión de residuos industriales a nivel estatal, tal y como contempla la ley nacional de residuos de 2022, que promueve la creación de una red coordinada de instalaciones que permita tratar los residuos en la ubicación más adecuada.

La asociación considera imprescindible abordar esta situación desde una perspectiva nacional, que garantice el correcto funcionamiento del mercado interior, la viabilidad de las infraestructuras existentes y la competitividad de la industria, evitando medidas unilaterales que fragmenten el sistema y generen ineficiencias económicas, ambientales y de mercado.