España necesita más de 24.500 millones para cumplir con la nueva Directiva TARU

La entrada en vigor de la nueva Directiva de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU) marca un antes y un después en la política de saneamiento en Europa. España, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), deberá movilizar más de 24.500 millones de euros para adaptar su sistema de depuración a los nuevos estándares técnicos exigidos: desde tratamientos terciarios y cuaternarios hasta mejoras en eficiencia energética o control de microcontaminantes.

Así lo recoge el documento de posicionamiento publicado por la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), que representa a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en el país. Aunque celebra la aprobación del nuevo marco normativo europeo, la organización subraya la magnitud del desafío y la necesidad urgente de planificación, recursos y coordinación institucional.

Un desafío sin precedentes… y una oportunidad histórica

Desde DAQUAS se insiste en que el cumplimiento de la nueva TARU no puede abordarse como un mero trámite. Al contrario: “supone una ocasión única para transformar la gestión del saneamiento en clave de sostenibilidad y eficiencia”. La Asociación defiende que se trata de una oportunidad transformadora que permitirá impulsar la innovación tecnológica y el cumplimiento ambiental en el ámbito urbano.

Carencias estructurales que comprometen el futuro

A pesar de los avances legales, DAQUAS alerta de la debilidad estructural del modelo actual de saneamiento en España. Persisten incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE en numerosos municipios —incluidas poblaciones medianas— y no existe una normativa nacional homogénea sobre saneamiento y aguas pluviales. A ello se añade una gobernanza fragmentada, con competencias repartidas y solapadas entre distintos niveles administrativos, y una crónica falta de inversión: el déficit acumulado supera ya los 5.700 millones de euros anuales en el conjunto del ciclo urbano del agua.

Un plan nacional riguroso y tarifas sostenibles

Para evitar repetir errores del pasado, DAQUAS propone un programa nacional de aplicación de la Directiva TARU que clarifique las responsabilidades institucionales, priorice las actuaciones más urgentes y garantice la financiación necesaria. Este plan, recalca, deberá ser transparente, técnicamente solvente y compatible con los plazos marcados por Europa, especialmente en el caso de las grandes EDAR, que tendrán que adaptarse antes de 2033.

La Asociación también reclama una revisión realista de las tarifas del agua: estas deben cubrir no solo los costes de operación y mantenimiento, sino también la renovación y ampliación de infraestructuras. “Sin sostenibilidad financiera no hay calidad ni continuidad del servicio”, advierten.

Un momento clave para el agua urbana

DAQUAS concluye que la nueva Directiva puede marcar un punto de inflexión histórico en la gestión del saneamiento en España. Pero para lograrlo —señala— es imprescindible un liderazgo político firme, una visión compartida y una acción conjunta entre administraciones y operadores. En ese sentido, la Asociación tiende la mano al MITECO para colaborar en el diseño de una hoja de ruta nacional que garantice un cumplimiento eficaz, justo y eficiente de la normativa europea.

Puedes consultar el documento completo de posicionamiento de DAQUAS aquí