La nueva ‘Autopista Regulatoria’ del País Vasco permitirá agilizar hasta un 75% los trámites para proyectos industriales y energéticos
La nueva ley impulsada por el gobierno autonómico crea la figura de los Proyectos de Interés Público Superior y simplifica los procedimientos administrativos sin modificar las exigencias ambientales
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El Gobierno Vasco ha presentado la denominada “Autopista Regulatoria”, una nueva herramienta legislativa destinada a acelerar la tramitación de proyectos vinculados a la actividad económica sostenible. La iniciativa permitirá reducir entre un 30% y un 75% los plazos administrativos, con el objetivo de impulsar la competitividad industrial, la transición energética y la atracción de inversiones en Euskadi.
La medida se articula a través de la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible, presentada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.
En algunos proyectos, la tramitación administrativa podrá reducirse de dos años a solo seis meses
Según explicó Jauregi, la reforma no implica rebajar requisitos urbanísticos ni ambientales, sino simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y aprovechar herramientas digitales para agilizar la gestión administrativa.
Vía rápida para proyectos estratégicos
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es adaptar la administración vasca a las exigencias europeas vinculadas a la reindustrialización, la autonomía estratégica y la transición energética.
La ley establece que los proyectos considerados de interés público podrán obtener las autorizaciones necesarias en un plazo máximo de seis meses, la mitad del periodo contemplado por normativas europeas como la Net-Zero Industry Act (NZIA) para este tipo de actuaciones.
El nuevo plazo máximo de autorización será de seis meses, frente a los doce meses previstos por la normativa europea
La iniciativa forma parte del Plan de Industria Euskadi 2030, que ya contemplaba reducir en un 30% los tiempos administrativos asociados a proyectos prioritarios para el desarrollo económico de la comunidad autónoma.
Menos burocracia y más digitalización
La nueva regulación incorpora diversas medidas orientadas a simplificar la gestión administrativa.
Entre ellas destacan la consideración de los trámites ambientales como procedimientos urgentes, la aplicación del principio “once only” para evitar la aportación repetida de documentación, la automatización de procesos, la digitalización de expedientes y el refuerzo de la seguridad jurídica mediante marcos normativos más claros y estables.
Además, la norma permitirá integrar determinados trámites urbanísticos y licencias de obra en procedimientos únicos, reduciendo la complejidad administrativa para promotores y administraciones.
La ley introduce el principio ‘once only’ para evitar que empresas y promotores aporten varias veces la misma documentación
Proyectos prioritarios
La ley crea la figura del Proyecto de Interés Público Superior (PIPS), que servirá para identificar las iniciativas susceptibles de acogerse a este régimen de tramitación acelerada.
Entre los proyectos que podrán optar a esta consideración figuran actuaciones incluidas en el Plan de Industria Euskadi 2030, ampliaciones de redes eléctricas, instalaciones de energías renovables, tecnologías de cero emisiones netas, proyectos relacionados con materias primas críticas e infraestructuras de residuos y economía circular.
La declaración de PIPS corresponderá al Consejo de Gobierno Vasco, previo proceso de consulta pública e informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Las infraestructuras de residuos y economía circular podrán acogerse al nuevo régimen de tramitación acelerada
Adaptación a los retos europeos
El Ejecutivo vasco defiende que esta reforma responde a la necesidad de contar con procedimientos más ágiles para afrontar los desafíos asociados a la transformación digital, la descarbonización y la autonomía estratégica europea.
La norma también incorpora medidas destinadas a agilizar autorizaciones en el litoral, coordinar inspecciones vinculadas al sector alimentario y facilitar el desarrollo de actividades económicas en el medio rural, aprovechando además las nuevas competencias asumidas por Euskadi en materia de gestión del litoral.
Según el Gobierno Vasco, la puesta en marcha de esta ley permitirá disponer de uno de los marcos regulatorios más ágiles para proyectos estratégicos dentro del Estado, manteniendo las garantías ambientales y alineándose con las nuevas directrices europeas.
