¿Se está convirtiendo la competitividad en una coartada para “contaminar como siempre”?

La reunión de líderes europeos prevista para este 12 de febrero, centrada en la competitividad comunitaria, llega marcada por la presión de organizaciones sociales y ambientales que alertan de un giro regulatorio con efectos contraproducentes. La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), la mayor red europea de ONG ambientales, ha reclamado a las instituciones que no utilicen la “simplificación” como vía para debilitar las políticas climáticas, ambientales y sanitarias.

Según la entidad, los paquetes legislativos conocidos en Bruselas como “Omnibus”, orientados a revisar o eliminar obligaciones regulatorias, parten de supuestos erróneos y pueden profundizar -en lugar de resolver- las crisis económicas y sociales que afronta Europa.

Competitividad o premio a los rezagados

La EEB cuestiona la narrativa de que rebajar estándares ambientales impulsará la industria europea. A su juicio, la experiencia demuestra lo contrario: las normas sólidas han aportado seguridad jurídica, han incentivado la innovación y han favorecido a los actores que se adelantaron a la transición.

Como ejemplo, cita el caso de Suecia, donde un sector tecnológico altamente productivo convive con algunos de los estándares ambientales y laborales más exigentes del continente.

Para la organización, los verdaderos lastres industriales son el alto coste energético, la dependencia de las importaciones fósiles y el retraso en inversiones en tecnologías de futuro. En este contexto, reclama mantener señales regulatorias clave como el despliegue completo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la eliminación progresiva de derechos gratuitos en el régimen de comercio de emisiones (ETS1).

El coste de no actuar

El informe advierte de que la supuesta ganancia administrativa anunciada por la Comisión -estimada en 15.000 millones de euros anuales- no incorpora los costes reales derivados de una aplicación insuficiente o de una retirada de la normativa existente.

Entre los datos citados, destaca que el incumplimiento de la legislación ambiental ya supone un coste anual de 180.000 millones de euros para Europa. Además, la inacción frente a los PFAS, los llamados “químicos eternos”, podría alcanzar los 1,7 billones de euros en 2050, según un estudio reciente de la propia Comisión.

La mala aplicación de la legislación ambiental vigente ya cuesta a Europa 180.000 millones de euros al año, según la Oficina Europea del Medio Ambiente

Riesgo social y retroceso democrático

La EEB subraya que la desregulación traslada el impacto desde los contaminadores hacia la ciudadanía, mediante mayores cargas sobre los sistemas sanitarios, los presupuestos públicos y las comunidades expuestas. Recuerda que la contaminación atmosférica sigue asociada a unas 182.000 muertes prematuras en Europa, mientras que solo el 29% de las aguas superficiales alcanza un buen estado químico.

La organización también alerta del deterioro institucional que implican exenciones aceleradas, consultas públicas debilitadas y decisiones percibidas como capturadas por intereses corporativos, una tendencia que incluso ha recibido advertencias desde la Defensora del Pueblo Europeo.

En paralelo, la respuesta social comienza a hacerse visible: más de 175.000 personas han firmado la petición “Hands Off Nature”, y cerca de 200.000 ciudadanos han participado en una consulta comunitaria en defensa de las leyes de naturaleza, la mayor movilización registrada hasta la fecha en este ámbito.