Retos en 2025 para la gestión de residuos y el fomento de la economía circular

Es necesaria una concepción nacional de la gestión de los residuos, para que se planifique y desarrolle la red integrada de instalaciones de eliminación que contempla la ley de residuos
Autor/es
Luis Palomino
Entidad
23-01-2025
Publicado en

El sector de los residuos industriales y peligrosos afronta el nuevo año cargado de retos. Algunos de ellos se arrastran desde la aprobación de la ley de residuos y suelos contaminados en el año 2022, que trajo muchas novedades y un especial impacto en materia de traslado de residuos. 

 

Traslado de residuos

Respecto a este asunto, en 2025 nos tememos que va a continuar la falta de armonización en los criterios de traslado de residuos y la inseguridad jurídica que se está generando por la oposición de algunas comunidades autónomas a los traslados hacia su territorio. Esta cuestión trasluce el conflicto iniciado en 2023, poco antes de que cumpliera su primer año la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, de modo que algunas comunidades regularon en sentido contrario a dicha norma básica, para hacer prevalecer el principio de autosuficiencia, frente al principio de proximidad, un principio apoyado por todos los eslabones de la cadena de gestión y la mayoría de las comunidades autónomas. Además, estas comunidades también establecieron limitaciones generales de traslado, cuando la legislación española únicamente contempla las limitaciones bajo supuestos concretos en el estudio caso a caso.

No hay que olvidar que el sector de tratamiento de residuos industriales y peligrosos requiere de instalaciones altamente especializadas desarrolladas para aprovechar las economías de escala. Por ello, es necesario que los residuos se muevan entre comunidades hacia estas instalaciones concretas.

 

En 2025 tememos que continúe la falta de armonización en los criterios de traslado de residuos y la inseguridad jurídica que se está generando por la oposición de algunas comunidades autónomas a los traslados hacia su territorio.

 

En el caso de los gestores, continuaremos trabajando para que esto se resuelva de forma satisfactoria. Para lograrlo, creemos que es clave que, desde la Comisión de Coordinación en materia de residuos, se garantice la aplicación efectiva de la legislación. De lo contrario, nuestro país no podrá mantener la seguridad jurídica del marco regulatorio de residuos, que es el que anima a invertir en el desarrollo de la economía circular y de la industria en general.

Por eso consideramos que es necesaria una concepción nacional de la gestión de los residuos, para que se planifique y desarrolle la red integrada de instalaciones de eliminación que contempla la ley de residuos. Y no como una suma de planes autonómicos que nos llevará a duplicidades en las tipologías de instalaciones de tratamiento y a una escasez de otras que son igualmente necesarias para el conjunto de los ciudadanos.

A todo esto, hay que añadir que el Reglamento (UE) 2024/1157 relativo a los traslados de residuos, introduce cambios significativos en los traslados de residuos industriales y peligrosos dentro y fuera de la Unión Europea, y seguramente requerirá de una adaptación de la legislación española. Será aplicable desde mayo de 2026, y reforzará las restricciones para la exportación de residuos a países no miembros de la OCDE. Entre las cuestiones que plantea este reglamento, está la tramitación telemática de los documentos para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de residuos. Para que las partes vayan adaptando los sistemas informáticos, en mayo de 2025 la Comisión Europea publicará los requisitos específicos para poder realizar la tramitación telemática.

 

Desde el sector solicitamos que se escuche más nuestra opinión en el desarrollo de las nueva nuevas plataformas electrónicas, a fin de conseguir los objetivos que se buscan y sin que ello suponga un incremento desproporcionado de carga administrativa para los operadores.

 

 

Nueva plataforma para RAEE

Por otro lado, la nueva plataforma electrónica para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en España lanzada el 2 de enero de 2025, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de estos residuos durante todo su ciclo de vida. Contará con portales para las administraciones públicas, y para los operadores como gestores y sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP y SIRAP), permitiendo registrar movimientos en tiempo real y reportar incidencias.

La plataforma incluirá un sistema de etiquetado electrónico para identificar los RAEE, vinculando cada operación con documentación. Además, gestionará la asignación de recogidas según cuotas de mercado para equilibrar la carga operativa. La implementación será progresiva, con una integración inmediata para gestores de residuos y un plazo adicional de seis meses para distribuidores y entidades locales. 

Los miembros de ASEGRE siempre han estado comprometidos con la trazabilidad de los residuos y con que las administraciones dispongan de los datos necesarios que demuestren el cumplimiento de los objetivos de gestión. Para los gestores es clave que esta plataforma sirva para ganar en simplificación y eficiencia, que son siempre dos grandes objetivos de la digitalización de procesos. Sin embargo, nuestras primeras impresiones son que va a suponer un notable aumento de dedicación y costes por todos los requisitos que se van a exigir a los gestores a la hora de etiquetar e identificar estos residuos. Por ello, solicitamos que se escuche más nuestra opinión en el desarrollo de estas herramientas, a fin de conseguir los objetivos que se buscan y sin que ello suponga un incremento desproporcionado de carga administrativa para los operadores.

 

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Retirada del amianto

En 2025, el amianto va a seguir siendo un desafío crítico para la gestión de residuos peligrosos. La ley de residuos y suelos contaminados indica que, para abril de 2023, los ayuntamientos debían realizar censos municipales de instalaciones y emplazamientos con amianto. Este proceso se está retrasando y además la realización de estos inventarios plantea complejidades por la dificultad de identificar el amianto que no es visible a simple vista, como aislamientos o tuberías.

Aunque su eliminación es esencial para proteger la salud pública, esta descontaminación de los emplazamientos con amianto necesitaría un plan estatal que contemple todas las fases del proceso e incluya incentivos económicos. De otra forma, podría dispararse el vertido ilegal de amianto en las proximidades de los núcleos urbanos. También debería tenerse en cuenta el incremento de las necesidades de eliminación de estos residuos y, en su caso, la promoción de nuevas infraestructuras. 

 

Los retos a los que se enfrenta el sector son numerosos y esperamos la máxima colaboración de los poderes públicos para poder afrontarlos. Para ello, sería necesario aumentar los cauces de dialogo con quienes trabajamos día a día para la consolidación de la economía circular en nuestro país.

 

Como se puede comprobar, los retos a los que se enfrenta el sector son numerosos y esperamos la máxima colaboración de los poderes públicos para poder afrontarlos. Para ello, sería necesario aumentar los cauces de dialogo con quienes trabajamos día a día para la consolidación de la economía circular en nuestro país. Un dialogo que se debería ampliar mucho más durante las fases de elaboración de las normativas o de las notas interpretativas de las distintas legislaciones. Quienes estamos en el quehacer diario de la gestión somos quienes mejor conocemos la realidad del sector y perseguimos los mismos objetivos que las administraciones públicas: proteger la salud de los ciudadanos y cuidar de nuestro entorno a través del desarrollo de una industria verde que también sea capaz de traer empleo, prosperidad e inversiones al país. 

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