Retos y claves del traslado de residuos en la Unión Europea

Sin lugar a dudas, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector de los residuos industriales y peligrosos es todo lo que compete al traslado de éstos. En el plano nacional, la nueva ley de residuos y suelos contaminados, aprobada en 2022, ha traído nuevas obligaciones en esta materia. Existen diferentes procedimientos en cada comunidad autónoma para operar el traslado y también existen diferencias cuando los traslados se producen dentro de la misma comunidad o entre comunidades. 

Esta dispar carga normativa y burocrática llevó a nuestra asociación a centralizar en nuestra página web el primer punto de información nacional sobre las nuevas obligaciones de los productores de residuos industriales y peligrosos. En esta sección, ofrecemos un único lugar desde el que poder consultar la normativa nacional y autonómica, para que se conozcan las administraciones encargadas de su aplicación y los recursos informativos en la materia. 

Y ante este fragmentado panorama nacional, en la Unión Europea se sigue trabajando para actualizar el Reglamento sobre Traslados de Residuos. De hecho, a finales de 2023, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional con el objetivo de reducir los traslados de residuos problemáticos fuera de la UE, actualizar los procedimientos de traslado y mejorar el control del cumplimiento. Para lograrlo, ambas instituciones han acordado ampliar los objetivos del Reglamento para incluir la neutralidad climática, la consecución de la economía circular y la contaminación cero.

La llegada de este nuevo Reglamento puede ser una vía para unificar criterios y mercados existentes en los Estados miembro de la UE.

En lo que se refiere al traslado en el interior de la UE, el acuerdo prohíbe los traslados de todos los residuos destinados a su eliminación dentro de la Unión Europea, salvo que hayan sido autorizados con arreglo a las condiciones del procedimiento de notificación y autorización previas por escrito. Por otra parte, se seguirán permitiendo los traslados dentro de la UE de aquellos residuos no peligrosos para operaciones de valorización, siguiendo el procedimiento que se detalla en los requisitos de información general, los conocidos como “residuos de la lista verde”.

Además, el texto del acuerdo incluye una excepción para traslados de residuos expresamente destinados a análisis de laboratorio o experimentos si dichos residuos no superan los 250 kg, en cuyo caso su traslado deberá respetar los requisitos de información general que se describen en el Reglamento.

Siguiendo el procedimiento de notificación y autorización previas por escrito, los notificantes en el interior de la UE y los exportadores a terceros países deberán notificar el traslado a los países de expedición, destino y tránsito, así como recibir de ellos una confirmación por escrito antes de la exportación. Tanto la notificación como la documentación exigida se presentarán e intercambiarán a través de un sistema electrónico central operado por la Comisión Europea. También se fijan calendarios y plazos concretos para el procedimiento, las solicitudes de información adicional y las decisiones de las autoridades. 

El sector necesita reglas claras y estables, como es la aplicación rigurosa de la legislación europea y española de traslado de residuos.

En cuanto a la exportación de residuos, el acuerdo mantiene la prohibición para los Estados miembros de exportar residuos destinados a la eliminación a terceros países, así como la prohibición de exportar residuos peligrosos destinados a la valorización a países no pertenecientes a la OCDE. Además, en lo que respecta a los traslados fuera de los Estados miembros la UE, se ha acordado que las instalaciones de gestión de residuos en el país de destino deben ser auditadas por organismos independientes. Se establecerá un registro con información actualizada sobre las instalaciones auditadas para ayudar a los exportadores de residuos a preparar los traslados.

Asimismo, el acuerdo provisional europeo establece normas más estrictas en relación con la exportación de residuos plásticos a terceros países. En particular, incluye una prohibición de las exportaciones de residuos plásticos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE. Pasados cinco años de la entrada en vigor del Reglamento, los países no pertenecientes a la OCDE podrán presentar a la Comisión una solicitud en la que muestren su voluntad de importar residuos plásticos de la UE si cumplen las normas en materia de gestión de residuos. 

El acuerdo también insta a la Comisión a realizar un seguimiento de la exportación de residuos plásticos a países de la OCDE para asegurarse de que no repercutan de manera significativa sobre el medioambiente, ni sobre la salud humana y de que los residuos importados de la UE se gestionen adecuadamente en estos países. Además, insta a los Estados miembros a fijar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de que se infrinjan las disposiciones que figuran en el Reglamento.

Esperamos que el nuevo Reglamento sirva para frenar los cambios que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, que reman en la dirección contraria a la armonización legislativa.

Asimismo, el acuerdo introduce requisitos para que los Estados miembros aseguren la eficacia del control del cumplimiento del Reglamento, mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación eficaces a escala nacional y entre Estados miembros, por medio del intercambio de información y de buenas prácticas. Para ello, se creará un grupo de control de la conformidad de los traslados de residuos con el fin de prevenir y detectar los traslados ilícitos.

Como se puede comprobar, la llegada de este nuevo Reglamento puede ser una vía para unificar criterios y mercados existentes en los Estados miembro de la UE. En el caso español, el sector necesita reglas claras y estables, como es la aplicación rigurosa de la legislación europea y española de traslado de residuos, así mismo esperamos que sirva para frenar los cambios que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, que reman en la dirección contraria a la armonización legislativa que necesita el sector para consolidar la economía circular en el país y el continente.