AGA y FITAG-UGT firman un acuerdo para el impulso del sector de la gestión del agua urbana

El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell, y el secretario general de FITAG-UGT, Antonio Deusa, firmaron ayer, en Sevilla, un acuerdo de colaboración para el impulso del sector de la gestión del ciclo integral del agua urbana en España.

El documento ha sido firmado en presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez, al comienzo de la jornada “El agua motor de empleo y sostenibilidad social”, organizada por FITAG-UGT.

El documento recoge el acuerdo y voluntad de ambas organizaciones de colaborar coordinadamente y dentro de sus ámbitos de actuación en varios puntos de interés común, entre los que destacan los siguientes:

• El reconocimiento de que estos servicios básicos son esenciales para la comunidad y deben ser garantizados por las administraciones públicas, independientemente del operador que preste el servicio.
• Defender la libertad de la Administración titular del servicio para la elección del modelo de gestión que entienda se ajusta mejor a sus necesidades específicas, ya sea directa (pública) o indirecta (privada o mixta).
• Garantizar que la calidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales son iguales para todos los ciudadanos independientemente del tamaño de la población donde residan.
• Garantizar que los importes económicos recaudados por la prestación de los servicios de gestión del agua (cánones y tarifas) revierten siempre en la mejora del servicio y de las infraestructuras necesarias para su prestación.
• Colaborar en la búsqueda de mecanismos de financiación, públicos y privados, para la mejora y reposición de las infraestructuras existentes y para la construcción de las nuevas infraestructuras necesarias en el futuro.
• Mejorar los mecanismos de regulación del sector para propiciar una gestión más eficiente, favoreciendo los mecanismos de comparación de la gestión realizada por los distintos operadores, instando para ello a la creación de un organismo o autoridad nacional reguladora.
• Favorecer la protección de las clases sociales más vulnerables, para lo cual la Administración debe garantizar el acceso a la información de los mismos.
• Promover para el agua el IVA súper reducido para minimizar su impacto para la mayoría de la ciudadanía en un bien tan esencial.