Día Mundial del Agua: el papel de las mujeres indígenas por el derecho a este valioso recurso


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Por Elena de Luis Romero, investigadora y profesora en materia de derechos humanos y cooperación para el desarrollo, Universidad Carlos III


 

Gracias al esfuerzo y recorrido de muchas personas y organizaciones, el derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido de forma explícita por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2010. Su mayor visibilización también se refleja en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se ha incorporado un objetivo específico sobre este derecho.

Hay, por tanto, una mayor conciencia de lo que implica este valioso recurso para la vida, de la necesidad de protegerlo de manera especial y de que el derecho al agua implica acceso, disponibilidad y calidad, entre otros factores. Pero hablar del derecho hace necesario también el abordaje de principios estratégicos de los derechos humanos como son la participación, la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

A pesar de que se han hecho importantes avances en el acceso a los recursos hídricos y de que hay un compromiso cada vez mayor de la comunidad internacional, el lema de la Agenda 2030, “no dejar a nadie atrás”, hace un llamamiento urgente a este principio de no discriminación e igualdad. No puede darse un desarrollo sostenible por muchas metas que logremos alcanzar si no conseguimos llegar a todas las personas y, sobre todo, a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Recurso económico vs. derecho humano

Y precisamente son muchas personas las que, en su vida cotidiana, ven vulnerado este derecho al agua por distintos actores. Es especialmente dramática la lucha por la defensa del territorio y el agua que las comunidades y mujeres indígenas libran día a día contra empresas extractivas, hidroeléctricas o agroexportadoras, que utilizan el agua como simple recurso económico.

Estos proyectos pueden alterar el acceso y la disponibilidad del agua por parte de la población, modificar el cauce de ríos y agotar su caudal y en muchos casos, contaminar los recursos hídricos. Esto se produce, además, de la mano de una sistemática violación de derechos humanos que afecta a derechos como la consulta previa, el derecho al territorio o la participación.

En el marco de la globalización, muchos territorios ricos en recursos naturales son objetivo de empresas transnacionales y proyectos extractivos. Muchos de estos territorios se superponen con tierras de comunidades indígenas (1 de cada 3 hectáreas de las concesiones para explotación minera, agrícola-industrial o forestal de los gobiernos de países de América Latina, África o Asia).

Este tipo de proyectos afecta en gran medida a la vida de estas comunidades, ignora sus derechos y no contempla su cosmovisión ni su manera de entender la relación con el territorio y con el agua. Pero, además, estos proyectos se insertan en dinámicas sociales muy sensibles, que afectan a territorios ya de por sí muy abandonados por los estados y que suponen una discriminación estructural hacia la población indígena.

En la lucha entre el agua como derecho humano o como bien económico se generan importantes conflictos marcados por unas relaciones de poder muy desiguales: por un lado, las comunidades indígenas, por otro, grandes empresas y multinacionales.

Las mujeres indígenas desempeñan un papel clave frente a estas amenazas. Los conflictos por el agua y los recursos naturales muchas veces reproducen estructuras patriarcales y discriminatorias y, en el marco de estrategias de persecución y criminalización, las mujeres sufren de manera especial la violación de sus derechos: el derecho al agua, a la salud, a la alimentación, al territorio, así como numerosos derechos que tienen que ver con su dignidad, su integridad sexual y su vida.

Pero también las mujeres indígenas se han convertido en actoras clave en las dinámicas de resistencia y de defensa del derecho al agua y sus territorios. Su papel está siendo fundamental para expresar su desacuerdo con un modelo de desarrollo que considera el agua como bien económico, y no como derecho.

El aporte que están haciendo es necesario y muy valioso ya que construyen resistencia desde enfoques de defensa de la vida, proponiendo otra cultura de movilización, con valores de solidaridad y apoyo mutuo, con estrategias de autoempleo, utilizando como instrumentos la promoción de asambleas comunitarias, las consultas de buena fe, los procesos de diálogo entre actores y las movilizaciones pacíficas.

Las defensoras del derecho al agua son la expresión real, visible y cotidiana de que es necesario avanzar hacia modelos de desarrollo que protejan el agua, el territorio y los recursos naturales, un desarrollo que, en definitiva, garantice y proteja la vida.


Artículo publicado originalmente en The Conversation

The Conversation

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