El agua urbana en 2022: abastecimiento, saneamiento y digitalización

Por Fernando Morcillo, presidente de AEAS


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Como cada año que se inicia, son muchos los retos a los que nos enfrentamos en 2022. Algunos vienen derivados de unos trabajos previos, que se van alargando en el tiempo y vamos heredando por razones de cadencia de los procedimientos institucionales europeos, y que sin duda marcan el calendario y el programa sectorial.

Podríamos resumir en tres, los grandes ejes sobre los que están pivotando y pivotarán las decisiones de gobernanza que nos afectan:

  • Normativa sobre aguas de consumo humano.

  • Actualización de la Directiva de Aguas Residuales y saneamiento en general.

  • Digitalización de los servicios.

Respecto a la primera, aunque en 2021 se hicieron grandes avances en el trabajo de transposición a la legislación española, todavía queda un importante recorrido de trámite y detalle, toda vez que está prevista aprobarla por Real Decreto a finales de 2022. Recordemos que la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, se publicó en el DOUE el 16 de diciembre de 2020. Se ha realizado un buen trabajo y por ello quiero felicitar a los integrantes de la Comisión 2 de AEAS, que han puesto todo su conocimiento, experiencia, pragmatismo y defensa del rigor técnico correspondiente, así como a los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad, que están haciendo una encomiable labor de integración y coordinación.

Todavía quedan detalles por resolver y relecturas del borrador ministerial, que derivarán en potenciales aportaciones para perfeccionar un texto muy técnico, especializado y detallado, que marcará el devenir de los servicios de agua de consumo humano para los próximos años.

La Directiva 271/91 lleva tiempo en la fase de reflexiones previas, diagnóstico de su implantación y seguimiento de su influencia en el saneamiento de las aguas residuales urbanas europeas. Han transcurrido 30 años de aquella normativa que marcó un punto de inflexión y unos hitos concretos para el sector de la depuración. En 2022, se acelerarán los trabajos y permearán más en el sector. En cualquier caso, los objetivos sobre los que se centrarán los esfuerzos serán la preocupación por culminar los objetivos establecidos, las nuevas exigencias ambientales y de salud −reducción del vertido de nutrientes y microcontaminantes− y la problemática de los vertidos de las redes de saneamiento y drenaje urbano en tiempo de lluvia.

Sabemos el estado de incumplimiento de nuestros compromisos ante Europa con esa antigua normativa −y de las sanciones que pagamos− y los esfuerzos de planificación para estructurar una respuesta (Plan DSEAR). Pero también percibimos la incapacidad política de atajar esta situación, probablemente por la compleja colisión de responsabilidades de gobernanza entre las distintas administraciones actuantes: central, autonómica y local. Y, desde luego, la económica, para financiar las obras públicas necesarias y asegurar la sostenibilidad futura de su operación. Y aquí, una vez más, queremos recordar que no estamos cumpliendo la Directiva Marco del Agua del año 2.000 respecto a los principios de “recuperación de costes”, “contribución adecuada de los usuarios”, y “el que contamina paga”. Hay que seguir sembrando, desplegando la adecuada información, realizando tareas pedagógicas y trasladando las preocupaciones del sector (sostenibilidad de unos servicios ciudadanos básicos) hacia nuestras autoridades y los ciudadanos.

Seguimos percibiendo la incapacidad política de todas las administraciones para atajar la situación provocada por el incumplimiento de nuestros compromisos en materia de aguas residuales.

Respecto del tercer apartado, quiero recordar que, el pasado día 12 de enero, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, anunció un ambicioso Proyecto para la Digitalización de los Usos del Agua. Proyecto enmarcado en el PRTR y, por tanto, afectado por los fondos europeos que de forma coyuntural y con impacto temporal y de transformación se movilizan en un corto periodo de tiempo.

Las asociaciones sectoriales, los ayuntamientos, a través de la FEMP, los principales sindicatos y hasta los representantes de las asociaciones de consumidores constituidos como Mesa de Evaluación del Ciclo Urbano del Agua −que viene trabajando, liderada por el MITECO, en favor de la eficiencia sectorial desde el inicio de la pandemia− hemos recibido información sobre este proyecto y sobre los importes y estructura básica. De ello, podemos resumir que se trata de un Proyecto de fuerte impacto económico, ya que supone la movilización total de 2.855 millones de euros, de los cuales 1.783 estarán cofinanciados por el Estado, en porcentajes de entre el 50 y el 75%. De ellos, podríamos decir que 2.270 millones se aplicarán al sector urbano, habiendo reservado expresamente 320 para las poblaciones menores de 20.000 habitantes y, por tanto, poniendo un especial acento en la España más despoblada, en el reto demográfico.

El Proyecto para la digitalización del agua urbana supone una oportunidad excepcional de dar un salto trascendente que haga más eficiente, robusta y avanzada la gestión de estos servicios básicos.

Estamos ante una oportunidad excepcional de dar un salto trascendente en la modernización universalizada de la gestión, a partir de una inyección económica puntual, para avanzar en la digitalización que haga más eficiente, robusta y avanzada la gestión de estos servicios básicos urbanos.

Pero es un reto sobre el que tendremos que concentrar muchísimos esfuerzos de todo tipo: de gobernanza, financieros, técnicos, de seguridad y organizativos, para el imprescindible rápido despliegue para cumplir plazos y requerimientos. Reto para el MITECO, para las administraciones autonómicas, pero sobre todo locales y, obviamente, reto mayúsculo para los operadores de los servicios y las empresas especializadas.

Aún con la ilusión de afrontar este reto, espero que este proyecto no nos haga olvidar las necesidades inversoras clásicas, especialmente aquellas menos visibles, como son las de renovación de obra pública.


Artículo publicado en el número 236 de RETEMA.

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