Fenacore pide un Plan Nacional para que las competencias en aguas sean devueltas al Estado

Fenacore opina que el acuerdo firmado en Castilla-La Mancha muestra que el interés localista o partidista contamina políticamente la gestión del agua que discurre por más de una comunidad


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La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) pide un nuevo Plan Hidrológico Nacional que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas comunidades autónomas; tal y como trasladará a la comisión permanente, después del acuerdo de posición común en materia de agua firmado en Castilla-La Mancha.

En opinión de los regantes, esta petición urge ahora más que nunca, debido a que el interés localista o partidista está contaminando políticamente la gestión del agua, sobre todo, que discurre por más de una comunidad. Y ello ha derivado en una maraña normativa con múltiples leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes, que hacen que el reparto no responda a criterios técnicos y que, en algunos casos, vulnere la Carta Magna; sin que se persiga el bien común como objetivo prioritario.

En este sentido, Fenacore recuerda que la Ley de Aguas recoge que la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde única y exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y no a las Administraciones Autonómicas.

 

“El agua es de todos los españoles”

Asimismo, los regantes aseguran que “el agua es de todos los españoles” y no del territorio que la tiene más cerca, y piden un respeto absoluto por el principio de unidad de cuenca hidrográfica, que se concreta en la gestión a través de las Confederaciones Hidrográficas, como instituciones con amplia tradición en España en las que se integran todos los usuarios e interesados en la gestión del agua. Además, este modelo ha sido imitado por la UE y hoy la Directiva marco del Agua obliga a todos los países miembro a utilizarlo para una mejor gobernanza.

Por otra parte, Fenacore considera que la prioridad del nuevo Plan Hidrológico Nacional debería ser ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, donde se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización de regadíos y gestión de la demanda para optimizar el consumo. Máxime teniendo en cuenta que las medidas destinadas a la atención de las demandas de agua apenas han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos.

En concreto, los regantes señalan que los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-2021) incluyen 11.224 medidas y una inversión prevista de 22.332 millones de euros. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, hasta diciembre de 2018 únicamente se habían finalizado el 7% de las medidas, con una inversión ejecutada de 3.650 millones de euros, aproximadamente el 16%, cuando el periodo transcurrido superaba el ecuador temporal del plan. 

Por ello, denuncian que la planificación hidrológica carece de credibilidad al haberse incumplido por las sucesivas administraciones, durante varias legislaturas, los acuerdos alcanzados con el regadío. De ahí que insistan en el necesario cumplimiento de los planes vigentes, con sus programas de medidas, para recuperar la confianza en la planificación hidrológica y en las administraciones responsables.

 

Misiva a Pedro Sánchez

En este escenario, los regantes enviaron recientemente un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, facilitándole una relación muy detallada de los diferentes tipos de infraestructuras necesarias en las distintas cuencas para conseguir que el equilibrio hidrológico en España evite la batalla política entre las comunidades autónomas. Unas obras que, además, casan perfectamente con los objetivos marcados por las autoridades comunitarias para conceder los fondos europeos, relacionados en su mayoría con la lucha contra la contaminación y la despoblación de las zonas rurales.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las comunidades autónomas han generado una ‘auténtica Torre de Babel’. Frente a ello, el agua debe elevarse a cuestión de Estado, de manera que sea la Administración Central -con la participación de todos los usuarios- la que dirija el proceso de planificación hidrológica para evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación y modernización de regadíos. Y es que, en la actualidad, en España resulta más complejo porque cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas, más del doble que el resto de los países de nuestro entorno para un número similar de ríos”.

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