Fenómenos climáticos extremos: la importancia de las alianzas y el papel de las administraciones locales

Por Estanislao Arana, Director Académico del Foro de la Economía del Agua
Fenómenos climáticos extremos: la importancia de las alianzas y el papel de las administraciones locales
Fenómenos climáticos extremos: la importancia de las alianzas y el papel de las administraciones locales
13-12-2021

El cambio climático ha multiplicado los fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía y las inundaciones, hasta el punto de que algunos de estos sucesos están dejando de ser extraordinarios para convertirse en cíclicos o incluso en crónicos. Los fenómenos extremos no tienen fronteras, de modo que requieren un abordaje global aportando soluciones locales.


Sea exclusivamente por la acción del hombre, sea porque, en los más de 4.500 millones de años de historia de la Tierra, el clima ha pasado por diferentes fases y ciclos y ahora toca un período cálido y seco que durará, al menos, hasta el año 2.300, lo cierto es que en los próximos años los fenómenos naturales y extraordinarios de sequías e inundaciones se van a repetir con mucha más frecuencia de lo que venía siendo normal en los últimos años.

La Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra los desastres naturales (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR) acaba de publicar un informe sobre la situación de las sequías en el mundo (Special Report on Drought 2021). Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de que, ante este fenómeno extraordinario y natural se produzcan alianzas de todas las instituciones con responsabilidades en materia medioambiental en general y en aguas en particular.

Planificación y gestión de la demanda

Tal y como quedó patente en el IV Conversatorio del Agua, organizado por el Foro de la Economía del Agua, como en la mayoría de los problemas de gestión del territorio, la planificación es fundamental en la gestión de situaciones meteorológicas extremas. Sequías e inundaciones son en realidad dos caras de la misma moneda, y ambas precisan un doble abordaje: prevención y reacción. La tendencia que debe primar siempre que sea posible es la prevención, para lo cual se impone incluir estos fenómenos en la planificación hídrica y del territorio.

Por lo que respecta a la gestión hídrica, el calentamiento global implica un cambio de paradigma que ya se está poniendo en marcha en diferentes territorios: la gestión a partir de la demanda. Especialmente cuando se habla de sequía y sobre todo de escasez de agua, es aconsejable vertebrar la gestión a través de la demanda, que es la que debe adaptarse a los recursos disponibles y no al revés.

El papel de la ciencia, la técnica y la tecnología será fundamental en la gestión hídrica presente y futura, para prever y prevenir los fenómenos climáticos extremos y para aprovechar al máximo el recurso disponible a través de la reutilización del agua.

Respecto a la oferta, la reutilización de las aguas y el uso de recursos de primer uso solo para actividades básicas marcarán el futuro de la gestión hídrica, a través de tecnologías de las que ya disponemos y que permiten el reúso de aguas para actividades industriales, agroalimentarias o de ocio. El papel de la ciencia, la técnica y la tecnología será fundamental en la gestión hídrica presente y futura, para prever y prevenir los fenómenos climáticos extremos y para aprovechar al máximo el recurso disponible a través de la reutilización del agua.

El papel de la administración local

Resulta evidente que a nivel administrativo, la sequía solo se puede atajar si todas las administraciones públicas están implicadas, cada una en su ámbito de responsabilidad, así como la sociedad civil. Para que esta última tenga el papel que le corresponde es necesario que existan canales adecuados de participación y suficiente información.

Partiendo de la premisa “pensar en global, actuar en local”, merece la pena profundizar en el papel de las administraciones locales en la prevención de fenómenos extremos, especialmente sequías. Son muy conocidas las medidas que en el sistema jurídico español pueden adoptar las Administraciones Públicas territorialmente superiores, Estado y Comunidades Autónomas. Sin embargo, está menos estudiado el importante papel que el Ordenamiento Jurídico ha reservado a la Administración Local para que contribuya a la lucha y a la adopción de medidas ante este fenómeno.

Los fenómenos climáticos extremos suponen un desafío para todos, especialmente, para las Administraciones Públicas e instituciones con responsabilidades en la materia.

Los fenómenos climáticos extremos suponen un desafío para todos, especialmente, para las Administraciones Públicas e instituciones con responsabilidades en la materia. Por ello, también lo son para la Administración local, último escalón territorial de nuestro entramado institucional.

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, contiene una medida que ha pasado en cierta manera desapercibida y que, de materializarse e implementarse correctamente, podría suponer una herramienta muy interesante para resolver situaciones como las que se generan en situaciones extraordinarias de sequía.

Concretamente, el precepto en cuestión señala que las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Esta medida obliga a “adelantarse en el tiempo” al momento exacto en que la sequía se presenta y a prever medidas que traten de asegurar, sobre todo, un servicio tan básico y esencial como el del abastecimiento de agua potable.

Además, la medida obliga a coordinarse entre las diferentes Administraciones públicas, en este caso, a los organismos de cuenca o la Administración hidráulica correspondiente con la Administración local. De esta manera, la necesidad de alianzas para la gestión hídrica y de fenómenos extremos que comentaba más arriba quedan apoyadas jurídicamente.

Lógicamente, se trata de una herramienta que se coloca junto con el resto de instrumentos, tanto de reacción como de planificación, que prevé la legislación de aguas española para afrontar las consecuencias de situaciones de sequía aunque en este caso para paliar los efectos en un uso concreto y específico del agua, el abastecimiento urbano.

Si bien es indudable que las competencias de abastecimiento de agua potable residen en las entidades locales, y que esta fórmula es adecuada por la necesidad de cercanía y adaptación a los consumidores, no debemos obviar la necesidad de observar políticas, medidas, reglas comunes en todo el territorio nacional. Es más, para una adecuada gestión del agua, se precisa una cooperación que va más allá de lo nacional y llega al ámbito internacional y de la Unión Europea.

En lo que a la sequía se refiere, son muchas las iniciativas que hay en el plano normativo, tanto internacional como europeo y nacional. Naciones Unidas cuenta con una convención específica que data de 1994, ratificada en España en 1996, sobre la desertificación provocada por la sequía. En el plano de la propia Unión Europea, hay una política decidida a favor de la protección de los recursos hídricos; mientras que, a nivel nacional, las particularidades geográficas de España han provocado que desde hace mucho tiempo se hayan adoptado abundantes medidas a nivel normativo e institucional.

Concienciación ciudadana

Tal y como concluye el IV Informe de los Conversatorios del Agua, el cambio climático está trayendo consigo consecuencias irreversibles a las que es necesario adaptarse desde múltiples perspectivas: política, jurídica, tecnológica y urbanística. Como hemos visto, esta nueva situación hace necesario un cambio en la gestión hídrica que parta desde la demanda, para lo cual es imprescindible una adecuada concienciación ciudadana.

Las instituciones públicas son las encargadas de marcar unas líneas de actuación, pero al final es la concienciación individual y colectiva como sociedad la que va a lograr los mayores avances.

Cualquier problema ambiental, especialmente los relacionados con el agua, tienen un alto componente de responsabilidad individual y social. Las instituciones públicas son las encargadas de marcar unas líneas de actuación, pero al final es la concienciación individual y colectiva como sociedad la que va a lograr los mayores avances. Por esta razón, el factor educativo es esencial, ya que sin una educación adecuada en valores sobre el agua, difícilmente se podrá trasladar su importancia a las próximas generaciones.

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