La revisión avanzada del Plan Hidrológico de Baleares evita una sanción de la Comisión Europea

La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Balear celebra la aprobación, este viernes, en el Consejo de Ministros, de la revisión anticipada del Plan Hidrológico de las Islas Baleares (2.015 a 2.021). De esta manera, se cumple el compromiso adquirido de corregir las deficiencias detectadas por los técnicos de la Unión Europea. 

El Gobierno español incumplió el calendario del ciclo de planificación hidrológica (2009-2015) en aprobar los planes de las comunidades autónomas entre 2013 y 2014, cuando debían aprobar el 2009. Para evitar una sanción, se acordó con la Comisión Europea que se cumpliría el plazo previsto del segundo ciclo de planificación (2015-2021) teniendo en cuenta las deficiencias detectadas por Bruselas.

En el caso concreto del Plan Hidrológico Balear, los técnicos de la Comisión Europea censuraron la ausencia de actualización del estudio de presiones y evaluación de los costes del ciclo integral del agua; la falta de seguimiento de las masas de agua superficiales; la insuficiencia de medidas de reducción de nitratos en las masas subterráneas y de recuperación de costes y, muy especialmente, a la falta de medidas de protección de las masas de agua subterránea con sobreexplotación. 

El plan tramitado por el equipo de gobierno anterior no daba respuesta a estas demandas, en especial las relativas a la protección de los acuíferos con sobreexplotación, por lo que el equipo actual acordó llevar a cabo una revisión anticipada del plan. 

En la revisión del Plan Hidrológico de las Islas Baleares que se aprueba definitivamente se han incorporado las carencias detectadas en la anterior. 

Destacan, en este sentido, la revisión del estado de las masas de agua subterráneas y su protección efectiva. Así, se contempla la prohibición de nuevas extracciones en los acuíferos con sobreexplotación o en aguas subterráneas salobres. Se regulan, además, las distancias a la línea de costa de pozos de extracción de agua salina. 

La protección de las aguas subterráneas se garantiza, también, con medidas de gestión de la demanda como la obligación de utilizar agua desalada para uso urbano en los núcleos donde no se cumplen los requisitos mínimos sanitarios con acceso a la red en alta del Gobierno. Cabe destacar, también, la redacción del Plan de Gestión de Uso Sostenible del Agua Municipal -ya previsto en el Plan de Sequía- y las medidas de protección por contaminación por nitratos procedentes de la urbanización difusa exigiendo rendimientos a los sistemas autónomos de depuración (fosas sépticas) en función de la vulnerabilidad del medio. 

Además, la revisión del Plan aprueba definitivamente la cartografía de las zonas húmedas naturales e identifica las potenciales, lo que garantiza su protección. En el caso concreto de S'Albufera se prevé que los excedentes actuales del acuífero que alimenta ses fuentes Ufanes se reserven para que lleguen a s'Albufera directa o indirectamente. También se ha recuperado la obligación de presentar la cédula de habitabilidad para obtener la concesión de suministro de uso doméstico en suelo rústico. 

Durante la tramitación del Plan se han reanudado las tareas de monitorización de las aguas superficiales, que se habían dejado de hacer en 2008 y que han implicado una inversión de 411.756,51 €. 

También se ha fomentado la participación pública con la activación de las Juntas Insulares del Agua y la celebración de reuniones de participación y sectoriales con representantes de diferentes sectores y administraciones, de las que se han recibido un total 126 documentos de aportaciones con múltiples observaciones y alegaciones. 

Las inversiones previstas para el actual ciclo de planificación 2015-2021 son de 1090 millones de euros. El 64% de la financiación del Plan provendrá de la administración autonómica, mientras que el 26% corresponderá a la administración local y el 7% en el estado. El 3% restante corresponde a particulares. 

De las 354 medidas previstas, la mayor parte, 127, corresponden a medidas de saneamiento y depuración, que implican una inversión de 489 M€.También destacan las medidas de protección de la calidad de las aguas, que a pesar de ser 18 en total, representan una inversión de 275 M€ y las obras de interconexión de la red en alta, que son un total de 26 y suponen una inversión de 117 M€.