La Generalitat denuncia a la CHJ por vertidos y abandono de más de 300 vehículos en el barranco del Poyo
Los hechos podrían constituir delitos ambientales y de traslado ilegal de residuos, según la Fiscalía de Valencia
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La Generalitat Valenciana ha presentado dos denuncias formales ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras detectar vertidos de residuos y el abandono de más de 300 vehículosen el entorno del barranco del Poyo, en el término municipal de Riba-roja de Túria. Los hechos, según el Ejecutivo autonómico, podrían ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos sin autorización, tipificados en el Código Penal.
La información fue confirmada por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, tras la sesión del Consell de esta semana. Según detalló, las denuncias se han tramitado después de que el Pleno del Consell tomara conocimiento de los informes presentados ante el SEPRONA, en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre.
Residuos trasladados sin tratamiento a parcelas colindantes
Mérida explicó que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha recibido tres informes de los agentes medioambientales de la Generalitat que constatan el movimiento irregular de residuos. En concreto, los residuos —plásticos, ruedas, maderas y textiles arrastrados por la riada— estarían siendo trasladados desde el cauce a una parcela contigua (la número 14 del polígono 22 de Riba-roja) sin tratamiento ni acondicionamiento, incumpliendo la normativa vigente.
La superficie afectada por estos vertidos ilegales asciende a unas siete hectáreas, y la gestión, según la Generalitat, no cumple con los criterios establecidos para el tratamiento de residuos tras catástrofes naturales.
Coches apilados y sin gestionar siete meses después
Uno de los elementos más graves señalados en los informes es la acumulación de vehículos abandonados. En una primera inspección, los agentes medioambientales documentaron 217 coches apilados en diversos puntos de la parcela 2 del polígono 22, a los que se sumaron otros 84 vehículos detectados en una segunda visita, elevando la cifra total a 301 unidades abandonadas en el barranco del Poyo y sus inmediaciones.
Mérida subrayó que la falta de gestión de estos vehículos incumple la normativa, ya que deben ser trasladados a centros autorizados para su tratamiento y baja definitiva. Esta situación contrasta con el plan conjunto activado por la Generalitat y los ayuntamientos, con el que ya se ha procedido a la retirada de más de 130.000 vehículos afectados por las inundaciones.
Una gestión inadecuada y propietarios sin ayuda
El secretario autonómico recordó que, según el Real Decreto-ley 8/2024, la responsabilidad en la retirada de vehículos varía según su localización. Así, la CHJ debía gestionar los situados en cauces, la Generalitat los que estaban en vías autonómicas y los ayuntamientos los ubicados en suelo municipal.
Además, los propietarios tenían hasta el 28 de febrero para retirar sus vehículos voluntariamente. A partir de esa fecha, todos los coches no reclamados pasan a ser considerados abandonados, lo que impide a sus dueños tramitar ayudas por la pérdida de sus bienes.
Mérida concluyó señalando que esta gestión no solo compromete el entorno natural, sino que afecta directamente a cientos de familias que, siete meses después, siguen sin poder acceder a compensaciones.
“Es una situación de indefensión total para más de 300 propietarios, fruto de una actuación que ni cumple la normativa ni respeta el medio ambiente”, sentenció.
