Separar mal los residuos sale caro: dónde aparece realmente el coste

“Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando el dinero”. Con este lema, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado una nueva campaña para promover la correcta separación de los residuos en los hogares y poner el foco también en las consecuencias económicas de una gestión inadecuada. La iniciativa parte de una cifra: España alcanzó en 2023 un 28,20 % de recogida separada, frente al objetivo del 50 % fijado para 2035.

La pregunta que plantea el propio mensaje es sencilla: ¿cuánto cuesta separar mal los residuos?

La respuesta no cabe en una sola cifra. Las fuentes oficiales consultadas no ofrecen una estimación única que permita cuantificar en millones de euros cuánto cuesta cada año en España una mala separación de los residuos municipales. La factura se reparte entre distintas etapas del sistema y depende del tipo de residuo, del modelo de recogida, del tratamiento posterior y del territorio.

Los datos disponibles sí permiten seguir ese recorrido y localizar dónde aparece el coste: en la gestión de grandes cantidades de residuos mezclados, en las operaciones necesarias para recuperar materiales, en los rechazos generados durante el tratamiento, en la eliminación final y también en el valor que dejan de conservar determinados materiales.

Tres de cada cuatro toneladas todavía se recogen mezcladas

La primera fotografía la ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2023 se recogieron en España 22,4 millones de toneladas de residuos municipales. De ellas, 17,06 millones correspondieron a residuos mezclados y 5,37 millones a recogida separada. Esto equivale al 76,1 % y al 23,9 % del total, respectivamente. La recogida separada aumentó un 1,8 % respecto al año anterior, mientras los residuos mezclados disminuyeron un 4,6 %.

La proporción del INE no coincide exactamente con el 28,20 % utilizado por MITECO para el seguimiento de la recogida separada. Ambos datos proceden de sistemas estadísticos y ámbitos de cómputo que no son directamente equivalentes, por lo que conviene no utilizarlos como si midieran exactamente lo mismo.

En cualquier caso, ambos apuntan en la misma dirección: la mayor parte de los residuos municipales continúa entrando en el sistema mezclada.

Lo que llega mezclado tiene que volver a separarse

La recogida separada persigue precisamente mantener diferenciados determinados materiales para facilitar su tratamiento posterior y conservar mejor su calidad.

Cuando papel, plásticos, metales, materia orgánica u otros materiales potencialmente recuperables entran mezclados en la fracción resto, las instalaciones tienen que realizar operaciones posteriores de clasificación y tratamiento para intentar recuperarlos.

El resultado no es necesariamente equivalente al que se obtiene cuando esa separación se produce en origen. La mezcla puede contaminar materiales, dificultar su clasificación y aumentar la cantidad de rechazo que debe seguir gestionándose.

Separar no equivale automáticamente a reciclar. Pero la forma en que se separa condiciona lo que podrá recuperarse después.

Esta diferencia resulta especialmente evidente en los biorresiduos. La Ley 7/2022 fija límites a la presencia de residuos impropios en esta fracción: un máximo del 20 % desde 2022, que se reducirá al 15 % a partir de 2027. Las entidades locales deben realizar controles periódicos y adoptar medidas para reducir esos impropios.

La presencia de impropios no es un problema puramente estadístico. Cada elemento que entra en una fracción equivocada puede tener que retirarse durante el tratamiento y terminar formando parte del rechazo.

La factura no está en un solo sitio

La dificultad para poner un precio único a la mala separación está en que el coste aparece en distintas etapas.

Un residuo que entra en una corriente inadecuada puede requerir más operaciones de clasificación; puede contaminar otros materiales; puede convertirse finalmente en rechazo y, si termina en vertedero o incineración, asumir costes adicionales asociados a esas opciones de tratamiento.

El rechazo también se paga

Una parte del coste se hace explícita cuando los residuos alcanzan las últimas opciones de la jerarquía.

Desde 2023, la Ley 7/2022 aplica un impuesto estatal al depósito de residuos en vertedero y a la incineración y coincineración. Para los residuos municipales depositados en vertederos de residuos no peligrosos, el tipo es de 40 euros por tonelada. Si se trata de rechazos de residuos municipales, baja a 30 euros por tonelada.

La incineración está igualmente gravada. Los residuos municipales destinados a operaciones de eliminación D10 pagan 20 euros por tonelada, mientras que los tratados mediante valorización energética R01 pagan 15 euros por tonelada. En el caso de los rechazos, los tipos son de 15 y 10 euros por tonelada, respectivamente. Las comunidades autónomas pueden incrementar estas cantidades.

Estos importes no representan el coste total de tratar una tonelada de residuos. Son únicamente el componente fiscal que se suma a los costes propios de recogida, transporte y tratamiento.

Tampoco sería correcto multiplicarlos por los 17 millones de toneladas de residuos mezclados: no toda la fracción resto termina directamente en eliminación. Parte pasa antes por tratamientos en los que se recuperan determinados materiales y se generan rechazos.

El coste acaba llegando al sistema municipal

La Ley 7/2022 establece además que las entidades locales deben contar con una tasa o prestación específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real, directo e indirecto, de las operaciones de gestión de residuos.

En ese cálculo deben incorporarse la recogida, el transporte y el tratamiento, pero también otros gastos vinculados a la gestión, mientras que se tienen en cuenta ingresos procedentes, por ejemplo, de la responsabilidad ampliada del productor o de la venta de materiales y energía.

La norma permite asimismo introducir diferencias o reducciones relacionadas con la participación en recogidas separadas o con prácticas como el compostaje doméstico y comunitario.

Esto no permite afirmar que una separación incorrecta se traduzca automáticamente en un importe concreto en el recibo de cada hogar. El coste depende del sistema local, de las instalaciones disponibles, de las distancias de transporte y de numerosos factores.

Sí muestra que la gestión de los residuos tiene un coste que debe financiarse y que la composición y calidad de las fracciones condicionan el funcionamiento del sistema.

El coste que no aparece directamente en euros

A la factura económica directa se suma otra pérdida más difícil de monetizar: la de los materiales que no consiguen regresar al ciclo productivo o lo hacen con menor calidad.

Una fracción bien separada facilita que papel, cartón, metales, vidrio, plásticos o materia orgánica lleguen a procesos específicos de tratamiento. Cuando esos materiales se mezclan, recuperarlos puede ser más difícil y una parte acaba formando parte del rechazo.

Una parte del coste no aparece directamente en euros: está en los materiales que dejan de recuperarse o pierden calidad por el camino.

Por eso conviene diferenciar entre costes directos y medibles —recogida, tratamiento, rechazo, vertido o incineración— y pérdida potencial de valor material.

Sumarlos todos para obtener una supuesta factura nacional de la mala separación introduciría demasiadas hipótesis. Pero dejar fuera el segundo componente también ocultaría una parte importante de lo que sucede cuando un residuo acaba donde no corresponde.

El PEMAR 2025-2035 mantiene precisamente la jerarquía de residuos como marco de actuación y analiza de forma específica la situación y los objetivos de los residuos municipales, junto con el resto de grandes flujos.

Una factura repartida por todo el sistema

Entonces, ¿cuánto cuesta separar mal los residuos en España? Con los datos oficiales disponibles no existe una cifra única que permita responder en millones de euros. Lo que sí puede seguirse es dónde aparece ese coste.

Empieza cuando materiales que podrían mantenerse separados llegan mezclados. Continúa en la clasificación y el tratamiento necesarios para intentar recuperarlos. Aparece de nuevo en los rechazos y se hace explícito cuando una tonelada termina gravada por su depósito en vertedero o su incineración. Y a todo ello se suma un coste menos visible: los materiales que dejan de recuperarse o pierden valor durante el proceso.

En un país que en 2023 recogió mezcladas 17,06 millones de toneladas de residuos municipales, separar correctamente no determina únicamente qué acaba en cada contenedor. También condiciona cuánto esfuerzo exige recuperar lo aprovechable, cuánto residuo termina como rechazo y cuánto valor puede conservarse dentro de la economía.