"Más que seguir legislando, es prioritario que se aplique correctamente el marco normativo existente"

Desde hace más de dos décadas, Ana Barreira lidera uno de los proyectos más influyentes en la defensa del medio ambiente a través del derecho: el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Fundado en 1997, el IIDMA se ha convertido en un referente en la promoción de políticas ambientales robustas y en el impulso de la justicia ambiental a escala nacional, europea e internacional. En esta entrevista, Barreira repasa los hitos más importantes del derecho ambiental europeo, analiza desafíos emergentes como el cambio climático, la gestión de residuos o la escasez hídrica, y subraya la urgencia de aplicar de forma efectiva la legislación ya existente. Una conversación imprescindible para entender el papel del derecho en la construcción de un futuro sostenible.

El Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA) trabaja en la defensa de la justicia ambiental. ¿Cuáles ha sido los principales objetivos del IIDMA desde su fundación?

Nuestros objetivos, desde nuestra fundación en el año 1997, han sido contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible a través del estudio, análisis, aplicación y ejecución del Derecho y las políticas a todos los niveles: internacional, de la UE y nacional, desde una perspectiva multidisciplinar.

"La UE ha sido y es líder mundial en la protección del medio ambiente, para lo que ha adoptado muchas normas en materias muy diversas"

En cuanto a la evolución del derecho ambiental, ¿cómo considera que han cambiado las prioridades normativas en la UE en las últimas décadas, y cuáles han sido los hitos más importantes en la consolidación de su marco legal ambiental?

El derecho ambiental tiene su fuente principal en el derecho internacional. Desde finales del S.XIX comenzaron a firmarse convenios en materia ambiental, pero el gran impulso se produjo con la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Humano de 1972 en Estocolmo. De hecho, a partir de ahí la entonces CEE comenzó a adoptar sus programas de acción en materia de medio ambiente. Hasta 1986 no se introdujo en el Tratado constitutivo un capítulo sobre medio ambiente. La UE ha sido y es líder mundial en la protección del medio ambiente, para lo que ha adoptado muchas normas en materias muy diversas.

En los años 70 y 80 se desarrolló un marco profuso para la protección de los recursos hídricos, así como sobre sustancias peligrosas y residuos. Después, en la década de los 90, se legisló en materia de protección de la biodiversidad, la contaminación industrial y comenzaron a tomar medidas para hacer frente al cambio climático. Fue en la primera década de este siglo cuando la UE adoptó directivas para cumplir con el Protocolo de Kioto, en materias como el comercio de emisiones y la energía renovable. También en esta década se desarrollaron medidas de gobernanza ambiental, como son el acceso a la información y la participación pública en temas de medio ambiente.

Junto con ello, el Pacto Verde de la UE de 2019 sirvió para aprobar nuevas y novedosas medidas para hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente, además de poner en marcha la revisión de muchas normas en vigor. Hay que tener en cuenta que, si bien las medidas normativas son una respuesta a los avances en el conocimiento científico y tecnológico, el factor económico tiene un peso muy importante. La UE es parte signataria de muchos acuerdos multilaterales de medio ambiente que posteriormente ha ido trasladando a su ordenamiento jurídico.

En su opinión, ¿qué áreas del derecho ambiental europeo requieren un mayor desarrollo legislativo para abordar de manera más eficaz los desafíos emergentes, como el cambio climático, la escasez hídrica o la generación de residuos en la UE?

Considero que tenemos un marco muy desarrollado en todos esos ámbitos. Más que seguir legislando, es prioritario que se aplique correctamente el marco normativo existente. Esto requiere instituciones robustas, con personal y medios económicos suficientes para que puedan desempeñar correcta y adecuadamente su labor. Al mismo tiempo, para hacer frente al cambio climático, es preciso acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y revisar la Directiva de Imposición sobre la Energía. Finalmente, urge abordar los microplásticos y fomentar una economía verdaderamente circular.

En el contexto de la gestión y aprovechamiento de los residuos generados en la UE, ¿qué marcos legales considera que deben reforzarse para asegurar una transición efectiva hacia un modelo económico más sostenible y circular?

En esta área tenemos también un marco normativo profuso, con una directiva marco y directivas específicas para determinados tipos de residuos. Creo que en la actualidad, el reto se encuentra en lograr una economía verdaderamente circular, y hay áreas de especial apremio si queremos aproximarnos a la autonomía estratégica, como es el caso de los minerales críticos. La Comisión Europea ya anunció en su Brújula de la Competitividad que en 2026 presentará una propuesta sobre una “Ley de Economía Circular”.

"El reto actual es lograr una economía verdaderamente circular, y hay áreas urgentes para aproximarnos a la autonomía estratégica, como es el caso de los minerales críticos"

En este sentido, ¿cuáles son los mecanismos más eficaces con los que cuenta España para garantizar una transición exitosa hacia una economía circular y descarbonizada?

Tenemos normas y estrategias en estas materias, como es el caso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En esta Ley hay mecanismos muy buenos para hacer frente al cambio climático, pero al mismo tiempo cuando hablamos de España, no podemos olvidar la distribución competencial prevista en nuestra Constitución, en base a la cual no solo el Estado sino también las Comunidades Autónomas y los Municipios tienen un papel muy importante en materia normativa y en su aplicación. Uno de los problemas reside en que tenemos que fortalecer nuestras instituciones para que se pueda garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental. Igualmente, necesitamos una mayor colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Desde el IIDMA trabajan también en la promoción de una transición energética global. ¿En qué consiste la labor del Instituto en esta área y qué estrategias emplean para impulsarla?

En el año 2014 comenzamos a trabajar para impulsar la transición energética. De hecho, fuimos los primeros en hablar de la necesidad de cerrar las centrales térmicas de carbón. Entonces navegábamos en solitario. Para ello, utilizamos las herramientas que nos ofrece el estado de derecho, desde acudir a Juntas de Accionistas de compañías energéticas, preguntando por sus planes de cierre, hasta litigando contra algunas autorizaciones e incluso el Plan Nacional Transitorio de Grandes Instalaciones de Combustión.Por cierto, estos litigios también son litigios climáticos según el Sabin Center de la Universidad de Columbia.

Igualmente, hicimos análisis sobre los impactos en la salud y en la economía de las emisiones de las centrales térmicas de carbón y cubrimos en aquellos años el tema de la transición justa por el cierre de las minas de carbón y de las centrales térmicas de carbón. Asimismo, durante cuatro años hicimos un análisis de los Estados de Información no Financiera de los principales bancos de este país, examinando sus políticas y acciones para hacer frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad. También trabajamos haciendo un análisis del sector asegurador, pues si bien se ve muy afectado por los impactos del cambio climático, al mismo tiempo, con sus políticas de suscripción de pólizas a ciertos sectores de la economía, contribuyen a que ocurra este fenómeno.

Finalmente, tratamos el tema de las energías renovables. De hecho, en junio 2021 publicamos un informe bajo el título “Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la protección de la biodiversidad y el territorio”, en el que hicimos propuestas que luego fueron plasmadas en mayo de 2022 en RePower EU, tras el comienzo de la guerra de Ucrania. Una de esas propuestas era utilizar como emplazamientos prioritarios para el despliegue de las renovables zonas ya degradadas, como antiguas minas, vertederos, suelos contaminados etc., lo que hoy son las “Zonas de Aceleración de Renovables” recogidas en la Directiva de Energías Renovables III.

"Las áreas del derecho que experimentarán mayores desarrollos legislativos en los próximos años serán los minerales críticos y la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos"

Asimismo, desde el Instituto contribuyen al desarrollo de sistemas de gobernanza para la protección del medio ambiente. ¿Qué aspectos considera clave para establecer un sistema de gobernanza ambiental eficiente y sólido?

En el plano internacional, considero fundamental fortalecer al PNUMA. Desde hace décadas se viene hablando de la necesidad de crear una Organización Mundial del Medio Ambiente que esté al mismo nivel que la Organización Mundial de Comercio, pero desafortunadamente con el panorama geopolítico actual es utópico.

En el plano de la UE, debería reforzarse el seguimiento del cumplimiento de las normas ambientales. Existen inspectores de la Política Pesquera Común (PPC), pero no tenemos algo parecido en el campo del acervo de la UE en materia de medio ambiente. Entiendo que la PPC es una competencia exclusiva de la UE, pero debería crearse instituciones o procesos que permitieran garantizar el cumplimiento. Finalmente, en el plano de nuestro país, como comentaba previamente, es necesario establecer algún mecanismo que permita una mayor colaboración entre la Administración General del Estado y las CC.AA., porque la conferencia sectorial no es ese mecanismo.

Actualmente, España enfrenta dificultades en el cumplimiento de diversas normativas ambientales. ¿Considera que los mecanismos de supervisión y sanción existentes son suficientemente eficaces?

Desde luego que no. Ya he comentado que se requieren instituciones dotadas de suficiente personal y medios para garantizar el cumplimiento. Al mismo tiempo, como a veces la Administración falla, hay que acudir a los tribunales. Pero la judicatura no cuenta con la formación adecuada para poder examinar con exhaustividad casos ambientales, pues la mayoría de los casos son complejos.

Por ello, es urgente que se incluya esta cuestión en el temario de la Escuela Judicial. Llevamos años trabajando para impulsarlo y para ello hemos hablado con diferentes miembros del CGPJ a lo largo del tiempo, hasta ahora sin éxito. Hace dos años organizamos una jornada para tratar este asunto y en estos momentos estamos preparando otra.

Ante el aumento de los retos ambientales, ¿qué áreas del derecho ambiental europeo anticipa que experimentarán mayores desarrollos legislativos en los próximos años y por qué?

Desde luego, como señalé, el tema de los minerales críticos es un área prioritaria, ya que la descarbonización requerirá su utilización. Asimismo, la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos son igualmente relevantes, pues no podemos descarbonizarnos a base de degradar y agotar la biodiversidad y los recursos naturales, que son esenciales para la vida del ser humano y la base de las actividades económicas.

En su opinión, ¿qué medidas considera más urgentes para acelerar la transición hacia una economía sostenible en Europa, especialmente en sectores clave como la energía, la industria y la gestión de residuos?

El despliegue de las energías renovables es primordial para cumplir con el objetivo de mitigación del 55% para el año 2030. Para ello, deben aplicarse las medidas recogidas en la Directiva de Energías Renovables. Esto es, la aceleración de los permisos, la cartografía coordinada de zonas propicias para las renovables y la elaboración de los planes de ZAR. En materia de industria, hay que descarbonizarla empezando por los sectores más intensivos en consumo energético y en emisiones, como es el caso de la industria del acero. Para la gestión de los residuos, el trabajo debe centrarse en garantizar la circularidad.