Andalucía presenta 60 alegaciones al Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

La Junta solicita modificaciones encaminadas a compatibilizar esta normativa con el desarrollo de iniciativas de Economía Circular


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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de que ha presentado hasta 60 observaciones al Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuyo trámite de información pública ha finalizado la pasada semana.

Desde la Junta de Andalucía se considera necesario realizar diversas modificaciones en esta normativa propuesta en aras de acelerar la transición hacia un modelo de economía circular y con el fin de defender los intereses de los diferentes sectores de la Comunidad Autónoma que pueden resultar afectados por su aprobación.

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados transpone al ordenamiento jurídico de España las directivas europeas relativas a la gestión de residuos y suelos contaminados y a la reducción del impacto de los plásticos de un solo uso en el medio ambiente. Entre los objetivos de este anteproyecto de Ley se encuentran avanzar en la protección del medio ambiente y la salud humana mediante la disminución de los residuos y de su impacto; en la mejora de la eficiencia del uso de los recursos naturales y en la promoción de la transición a una economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles.

Entre las aportaciones presentadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible,  Andalucía solicita cambios al entender que la propuesta actual mantendría un régimen de intervención administrativa incompatible con el desarrollo de la economía circular, dadas las posibles interferencias en el mantenimiento de la unidad de mercado en el territorio nacional.

En cuanto a la consideración de subproductos y la finalización de esta condición, la Junta apuesta por una regulación basada en la figura de entidades colaboradoras, homologadas por un órgano de acreditación, que actúen en nombre de la Administración con el fin de agilizar los procedimientos de aprobación.

De esta manera se dinamizarían los trámites para la consideración de subproducto y declaraciones de fin de condición de residuo tan necesarias para la implantación del nuevo modelo de economía circular. Asimismo, otras aportaciones realizadas desde Andalucía se dirigen al afianzamiento de la gobernanza de los ayuntamientos en materia de residuos municipales por ser un flujo de residuos no peligrosos de vital importancia.

 

Falta de coordinación y de consideración del impacto económico

La Consejería de Desarrollo Sostenible considera que durante el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley por parte del Gobierno central no se han respetado suficientemente los principios de colaboración y coordinación interadministrativos, a pesar del calibre de esta regulación y de su impacto en los diversos niveles.

Asimismo, la Junta discrepa de la opinión del ministerio, que mantiene que la aplicación de la nueva normativa no tiene impacto presupuestario en las administraciones públicas. Por el contrario, el Departamento andaluz responsable en cuestiones de Medio Ambiente recalca que la entrada en vigor de esta Ley, que transpone dos directivas europeas y que va encaminada a hacer realidad el cambio de un modelo productivo lineal al circular, supondrá, con toda seguridad, costes que tendrán que asumir las administraciones competentes en la aplicación de la futura ley. 

RRSS


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