Luz verde al Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Baleares

El pasado miércoles, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las Islas Baleares (PDSPG-RP). Es la primera vez que la Comunidad Autónoma aprueba un documento de estas características, con el que se cierra el ciclo iniciado con la aprobación de la primera Ley de residuos y suelos contaminados del archipiélago.

El Plan Director aprobado tendrá una vigencia de seis años, aunque cada tres años se revisarán los objetivos y el grado de cumplimiento. Comprende un total de seis programas, diez líneas estratégicas y 36 medidas.

El Programa de Desarrollo Normativo persigue completar y complementar la normativa existente en las Islas Baleares en materia de residuos peligrosos. Entre las medidas concretas, se incluye la elaboración, en colaboración con la Consejería de Salud y Consumo, de un nuevo decreto de regulación de la gestión de los residuos sanitarios que actualice el vigente, aprobado en 1996. «De esta manera», ha destacado el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, «cerraremos el ciclo normativo iniciado la pasada legislatura con la aprobación de la primera ley balear en materia de residuos y suelos contaminados».

El Programa de Prevención pone un objetivo muy específico: alcanzar, en el año 2021, una reducción del 10% en peso de los residuos peligrosos generados en las Islas Baleares en 2010.

El tercer programa (Programa de Gestión) se marca como objetivo, para antes del año 2024, recoger selectivamente y gestionar correctamente el 100% de los residuos peligrosos generados en el archipiélago. Además, se fomentará la construcción de las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos que sean necesarias en aplicación de los principios de autosuficiencia y proximidad. En este sentido, cabe recordar que la diagnosis previa elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Territorio evidenciaba la necesidad de disponer de dos instalaciones específicas: un vertedero para eliminar residuos peligrosos y otro para eliminar residuos de construcción y demolición que contengan amianto .

En este sentido, dado que no existe actualmente ninguna legislación o planificación autonómica, estatal ni internacional que obligue a retirar el amianto de los edificios públicos, se encarga a la Consejería de Medio Ambiente y Territorio la creación de un registro de los edificios y las instalaciones de titularidad pública, especialmente centros educativos y de salud, que contengan amianto.

Se fija como objetivo haber retirado el amianto de los edificios de titularidad pública en el año 2025. Por otra parte, se elaborará un estudio para analizar la presencia de fibrocemento con amianto en las cubiertas de los edificios de titularidad privada, que incluirá un plazo máximo de retirada obligatoria.

Por otra parte, se establece para los municipios la obligatoriedad de disponer de un servicio de puntos limpios para la recepción y recogida gratuita de los residuos peligrosos de origen doméstico. Del mismo modo, se prevé que la Consejería de Educación, Universidad e Investigación ponga en funcionamiento un servicio de recogida de residuos peligrosos a todos los centros públicos y concertados de las Islas Baleares, con el apoyo técnico de la Consejería de Medio Ambiente y territorio.

Asimismo, se obliga a las entidades gestoras de los puertos de las Islas Baleares a remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Territorio los planes de recepción y manipulación de residuos aprobados y una memoria anual de los residuos gestionados.

Finalmente, se establece para los titulares de los campos de tiro la obligatoriedad de presentar un informe preliminar de la situación del suelo y de ejecutar un plan de limpieza y un plan de muestreo a su cargo.

El Programa de Seguimiento y Control incorpora el desarrollo de sistemas telemáticos que, por un lado, permitirán la tramitación electrónica de las autorizaciones y las comunicaciones de productores, gestores y transportistas, y, por otro, mejorarán la fiabilidad estadística y la trazabilidad de los datos de producción y gestión de residuos. También se prevén medidas de refuerzo de la vigilancia y el control para garantizar el cumplimiento estricto de la legislación.

Dentro de este programa destaca la ejecución del proyecto «Sistema inteligente para la recogida selectiva de los residuos urbanos», que fue aprobado con vistas a integrarlo en el Programa Operativo FEDER, con un presupuesto de 5 millones de euros, cofinanciado al 50% por la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.

El quinto programa (Programa de Formación, Educación Ambiental y Comunicación) incluye actuaciones dirigidas a la sensibilización de la ciudadanía y del sector empresarial en materia de residuos. Por último, el Programa de Coordinación Administrativa prevé la creación de la Comisión de Residuos de las Islas Baleares, ya prevista en la Ley de Residuos, como órgano consultivo y participativo con representación de las diferentes administraciones competentes en materia de planificación y gestión de residuos, tanto los peligrosos como los no peligrosos.