Quién pagará los nuevos tratamientos de depuración exigidos por la directiva europea

La nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UE) 2024/3019 no solo amplía las exigencias de depuración, sino que también modifica la forma de financiar parte de los tratamientos. Una de sus principales novedades es la introducción de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para contribuir a sufragar la eliminación de microcontaminantes presentes en las aguas residuales.

Este mecanismo afecta especialmente a los fabricantes de determinados productos farmacéuticos y cosméticos, cuyas sustancias pueden llegar a las depuradoras después de su utilización. El objetivo es trasladar una parte sustancial de los costes del tratamiento cuaternario a los productores de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma.

Los productores deberán asumir al menos el 80 % de determinados costes

La directiva establece que los productores sujetos al sistema deberán financiar al menos el 80 % de los costes correspondientes al tratamiento cuaternario, incluidos los costes de inversión y funcionamiento contemplados en la normativa. También deberán contribuir a determinados gastos de seguimiento y gestión asociados al sistema.

La medida responde al principio de «quien contamina paga» y pretende evitar que toda la carga económica de estos nuevos tratamientos recaiga sobre los operadores de depuración y los usuarios del servicio. No obstante, el mecanismo no cubre automáticamente el conjunto de inversiones que exige la nueva directiva: se refiere a las obligaciones y costes específicos establecidos para la eliminación de microcontaminantes.

Farmacéuticas y cosméticas, los primeros sectores afectados

El sistema se dirige a los productores de medicamentos de uso humano y productos cosméticos incluidos en las categorías previstas por la directiva. Los Estados miembros deberán establecer mecanismos de responsabilidad ampliada y sistemas que permitan organizar y recaudar las contribuciones económicas.

La norma contempla determinadas exenciones, entre ellas para productores que introduzcan en el mercado cantidades inferiores al umbral establecido y para productos cuyas sustancias sean rápidamente biodegradables en las aguas residuales o no generen microcontaminantes al final de su vida útil, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

El reto de financiar la modernización de las depuradoras

La incorporación del tratamiento cuaternario exigirá inversiones en tecnologías capaces de eliminar sustancias que los procesos convencionales no siempre retienen suficientemente. Entre las soluciones disponibles se encuentran la ozonización y la adsorción mediante carbón activado, cuya elección dependerá de las características de cada instalación.

Aunque la responsabilidad ampliada del productor permitirá financiar una parte importante de estos tratamientos, las administraciones y operadores deberán afrontar también otras actuaciones derivadas de la directiva, como la ampliación del saneamiento, la eliminación de nutrientes y las mejoras energéticas. La financiación de la TARU será, por tanto, una combinación de mecanismos diferentes, y su desarrollo dependerá de cómo se articule la normativa en cada Estado miembro.